Melissa García – Morelia, Michoacán
Yo sí pido la renuncia de José Manuel Mireles, dijo la diputada local Lucila Martínez Manríquez, quién acompañada de funcionarias locales, exlegisladoras, dirigentes partidistas, feministas, entre otras, levantaron la voz para expresar su rechazo e indignación ante las expresiones del exautodefensa, hoy subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), quienes hicieron eco a la petición formulada.
Nunca como hoy, expresó la legisladora, muchos países cuentan con leyes en contra de la violencia en sus diferentes formas:
“Nunca como hoy exigimos el respeto a nuestro derechos y al reconocimiento de nuestras capacidades. Nunca como hoy nos unimos distintas voces para decirle al doctor Mireles que reprochamos y condenamos los señalamientos misóginos y machistas que hizo el día de ayer en tierras michoacanas en contra de todas las mujeres”.
Un gentilicio, afirmó, no justifica el uso de un lenguaje que tenga como fin el denostar y denigrar a las mujeres, por lo que como parte de la Comisión de Igualdad Sustantiva del Congreso del Estado, y hermanada con las presentes, exigió al Gobierno de México que actúe en consecuencia de las agresiones verbales incomprensibles e injustificables por parte del funcionario federal.
Por su parte, Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), sostuvo que el uso de expresiones sexistas, misóginas, machistas y homofóbicas replica, normaliza y permite que la violencia se manifieste a través del desprestigio, la burla y los descalificativos hacia las mujeres.
En un “pronunciamiento ciudadano”, Hernández Abarca fue convocada al igual que las presentes para expresar que la violencia contra las mujeres a través de expresiones sexistas y discriminatorias se ve reflejada en las estadísticas, que señalan que 9 de cada 10 mujeres viven alguna expresión de violencia en nuestro país.
Bajo esas circunstancias, precisó, las mujeres michoacanas “no podemos y no queremos” tolerar expresiones que transgredan, en primer lugar, el derecho de vivir libres de violencia, y que condicionan por resultado el acceso a otros derechos como la salud.
“Ante pensamientos retrógradas que lejos de humanizar el servicio público lo insensibilizan”, sentenció.
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