CEDH exige a Federación cumplir con su deber y proteger a Michoacán

Morelia, Michoacán

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos exhorta al Gobierno de la República a garantizar una estrategia de seguridad que permita restablecer el orden y brindar la seguridad que los michoacanos demandan, ante los constantes hechos de violencia en el estado.

El ombudsperson, Víctor Manuel Serrato Lozano, reiteró que la seguridad pública es uno de los derechos humanos más exigidos, y uno de los grandes pendientes en el país, a propósito del informe del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Y advirtió el recrudecimiento de la violencia y el posible resurgimiento de los grupos de las llamadas autodefensas ante la incapacidad de las autoridades federales de garantizar la paz en la entidad.  

La CEDH reprobó los hechos sangrientos entre civiles armados, como los recién ocurridos en Tepalcatepec y los registrados en Uruapan, que son prueba, manifestó la institución, de que no está funcionando la estrategia de la llamada Guardia Nacional, pues a pesar de su presencia en Michoacán, los enfrentamientos entre grupos delictivos no cesan.

En ese contexto señaló que ante la irrupción de miembros de la delincuencia organizada y la utilización de armas de uso exclusivo del Ejército, corresponde a la Federación atender el conflicto, lo que, afirman, no ha ocurrido. Por esta razón el organismo lamentó que la Guardia Nacional se concrete a hacer el conteo de fallecidos, reporte de lesionados y de daños materiales, lo que evidentemente, manifestó, demerita su actuación y los coloca en una situación de incumplimiento de su deber.

En ese sentido, la Comisión señaló que la seguridad es una función a cargo del Estado, que está obligado a salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como a preservar sus libertades, la paz y el orden público.

Para la CEDH, en un estado democrático la seguridad es un factor coadyuvante del bienestar social y la calidad de vida, y las políticas establecidas no deben estar encaminadas solamente a la prevención y persecución de los delitos, sino también a la salvaguarda de los derechos humanos.

“El derecho a la paz pública constituye una condición para el buen desenvolvimiento del resto de los derechos humanos. Los niveles de violencia y criminalidad afectan la vida en comunidad, el desarrollo de los pueblos, la vida, la integridad personal y otros derechos fundamentales”, sentenció la CEDH.