Morelia, Michoacán – Melissa García
Irregularidades dentro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) están focalizadas en al menos 10 millones de pesos, en el periodo de Medardo Serna González como rector, en el que se entregaron adjudicaciones directas para 8 empresas ubicadas en Monterrey, de las cuales 4 están dentro de las denominadas fantasmas, así lo dio a conocer Rodrigo Tavera Ochoa, contralor de la institución nicolaita, quien destacó, existen al menos 6 posibles responsables que están siendo investigados.
En conferencia de prensa, Tavera Ochoa comentó que con fecha 16 de Marzo de 2016, la Rectoría recibió un oficio sin número por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el cual se solicita una cotización de los servicios en materia jurídica referente a la identificación, clasificación, estudio, análisis e interpretación del curso de acción a procedimientos en materia penal, de tenencia de la tierra y de transparencia y acceso a la información, así como en la implementación de procesos y metodologías dirigidas a la clasificación y reserva de los expedientes de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Por lo que la autoridad Nicolaita generó una propuesta económica por $11,077,304.00.
Derivado de ello, la Auditoría Superior de la Federación, concluyó que existe una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, pues la UMSNH no proporcionó la documental que acredite que contó con la capacidad técnica para desarrollar los servicios contratados por la CONAGUA.
“El convenio como tal fue firmado después de que la Universidad entregara un documento donde dice poseer la capacidad técnica, sin embargo, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) al momento de hacer el análisis, establece que no se presentó adecuadamente la capacidad técnica, no se demostró la capacidad técnica que tenía la Universidad para poder ejecutar este proyecto, derivado de ello la Universidad a través de quien era el responsable del proyecto empezó a hacer la ejecución del mismo una vez que fueron radicados los recursos por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)”.
Se subcontraron, explicó, ocho empresas por un monto que representa el 91.0% del total del contrato lo que se evidenció con 15 transferencias bancarias y 15 facturas electrónicas pagadas entre el 26 de junio de 2016 y 16 de enero de 2017.
“Para poder hacer la ejecución del proyecto se subcontrataron empresas, la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público establece que no se puede subcontratar más allá del 49 por ciento del monto que se va a ejercer, sin embargo, aquí se contrató el 92 por ciento del monto, obviamente que aquí se detecta la primer irregularidad porque se subcontrata más que lo que está permitido por la ley, derivado de ello se hace la subcontratación de las empresas por 10 millones 079 mil pesos, iniciándose 15 transferencias bancarias hacia 15 facturas electrónicas pagadas entre el 26 de junio de 2016 y 16 de enero de 2017”. alertó.
La adjudicación se realizó de una manera “presumiblemente irregular”, la adjudicación como tal no pasó al comité de adquisiciones de la Universidad sino que se generó bajo fundamentos como que existía una huelga del sindicato de empleados, en el periodo del 20 de mayo al 20 de junio y que la Universidad estaba tomada por la Coordinadora de Universitarios en Lucha, del 25 de agosto al 2 de noviembre, en este tiempo, añadió se realizaron contrataciones por el orden de los 3 millones 664 mil pesos.
“Se encontró que derivado de esto, la adjudicación no cumple con la justificación, con lo que se pretende o que la justificación se da porque la Universidad estaba en huelga, o porque había una toma en las instalaciones de Ciudad Universitaria, sin embargo, se demuestra que la toma fue de puertas abiertas, además de que para poder hacer el proyecto se necesitaron de especialistas que de alguna u otra forma no necesitaban forzosamente insitu, sino que podían hacer un trabajo fuera de”.
“Se dieron otras cuatro adjudicaciones directas por 2 millones 552 mil pesos en las que se describe que las razones fueron que las actividades administrativas se encontraban suspendidas, dentro de Ciudad Universitaria, sin embargo, la Facultad de Derecho que es prácticamente donde se tenían que realizar los trabajos, no estaba tomada, ahí también se detecta que no existe una fundamentación como tal para poder decir o poder probar que era necesaria la adjudicación en más de un 49 por ciento”.
De la misma forma cuando se hace la adjudicación, explicó, la Ley de adquisiciones de arrendamientos y recursos, dice que se debe tener por lo menos un estudio de mercado con tres cotizaciones, sin embargo, aquí “no se presentó ninguna cotización sino que se hizo directamente a las empresas”.
El Sistema de Administración Tributaria SAT, remitió la información sobre las empresas presuntamente contratas, dijo, destacando que las 15 facturas electrónicas expedidas por las 8 empresas, presentadas a la UMSNH son válidas y tienen el estatus de vigentes, sin embargo, las constancias sobre la situación fiscal de éstas, se observó que tres empresas contenían el estatus de “En Inicio de Liquidación”, una “Cancelada por Liquidación Total del Activo” y cuatro como “Activa”.
La declaración anual del ejercicio fiscal 2016 sólo reflejó la existencia de cinco empresas, tres de ellas no fueron localizadas por el SAT en sus registros. De acuerdo con las facturas y las constancias de situación fiscal, además de las investigaciones que se realizaron en la ciudad de Monterrey, identifican que 6 empresas cambiaron de domicilio fiscal y sólo 2 tienen la misma ubicación en ambos documentos, mencionó Tavera Ochoa.
A excepción de una empresa, éstas tienen nombres oficiales repetidos, es decir, son los mismos pero con diferentes asociaciones, son compañías que “se declararon en cero a pesar de haber tenido un ingreso, y por lo tanto presumimos que existe un mal manejo o que existe un estatus de empresa fantasma”.
A decir de Tavera Ochoa, la anterior administración realizó una investigación, sin embargo, no aclaró si hubo resultados o sanciones.
La Universidad Michoacana aclaró, no es un sancionador jurídico, sólo administrativo dentro de la Universidad, en este caso, si se demuestran las irregularidades, será el Tribunal de Justicia Administrativa quién determine las sanciones jurídicas para los responsables.
Finalmente aclaró que al detectarse a finales del año 2018 el problema, se le reintegró a la Comisión Nacional de Agua Potable, la cantidad de 6 millones 500 mil pesos, lo que ocasiona que cuando la universidad subcontrata para pagar a las 8 empresas, el fondo ya no tiene dinero para regresar el recurso, lo que ocasionó que se tomara de otro fondo universitario para regresar el dinero, esa dijo, es “otra posible falta en el sentido de que se desviaron recursos para dar un dinero que se debía haber pagado con un fondo de acciones”, lo que deja ver que también dentro de la administración actual de Raúl Cárdenas Navarro también hay inconsistencias en el manejo de los recursos.
