Transparencia, el único camino para el desarrollo

Karina Arreygue – Morelia, Michoacán

Para garantizar la protección de datos personales y el flujo de información entre naciones, sin afectar los acuerdos comerciales, el Convenio 108 obligó a las naciones firmantes a adecuar sus legislaciones locales, señaló Javier Martínez Cruz, coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia.

Durante el Foro Internacional “El Convenio 108 y sus Implicaciones en la Protección de Datos Personales en México”, el funcionario indicó que las personas deben saber que la transparencia y solicitud de datos son un derecho al que todos tienen acceso y es obligatorio, además de que este derecho es internacional, como quedó plasmado en dicho Convenio, firmado entre 51 países.

Este Convenio obliga a las naciones firmantes a tomar las medidas necesarias para adecuar su legislación para el tratamiento de la información personal, con el objetivo de lograr un equilibrio en el flujo de datos internacionales que no representen un freno al comercio.

“Hace falta que la gente entienda que es un derecho que permite identificar dónde están los recursos públicos. En el Convenio 108 se marca que México, Uruguay, Estados Unidos y Argentina, con otros 47 países de Europa, han firmado esto para tratar el flujo transfronterizo de los datos personales, sobre todo en el comercio internacional”, refirió.

Martínez Cruz recalcó que el Convenio 108 es importante para proteger los datos a nivel internacional y acercar a más empresas a México:

“Hoy empezamos a ver que la rendición de cuentas y combate a la corrupción es a nivel internacional. Hemos buscado con España una alianza estratégica que permitirá que México sea un país seguro y que si lo aprovechamos estaríamos en la posibilidad de proteger a algunas empresas norteamericanas que no tienen acceso a este convenio y jalar a esas empresas”.

Recordó que los sujetos obligados que no transparenten la información de interés público podrán ser sancionados con una amonestación pública o económica, que va de los 11 mil a los 140 mil pesos:

“Muchos sujetos obligados no han entendido que la transparencia es una obligación y no es de que quieran, las consecuencias van a empezar a pagar cuando vean que no es que quieran publicar irregularidades en el gasto público, van a tener consecuencias que podrán terminar hasta en la cárcel de los servidores públicos”.