Ya hay pena de muerte en México, para las empresas

Karina Arreygue – Morelia, Michoacán

Las empresas que cometan delitos como fraude, lavado de dinero y contrabando podrán ser sancionadas hasta con su extinción.

Así lo informó Javier Olmedo Castillo, presidente de la Delegación Michoacán de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales AC (ANEFAC), quien manifestó la importancia de que los empresarios Michoacán conozcan el alcance y las consecuencias de una sanción penal para sus compañías.

“A partir de la reforma del Código de Procedimientos Penales ya hay una responsabilidad clara para el sector empresarial, principalmente para una sociedad mercantil. Esto quiere decir que también puede ser sancionada por la vía penal una empresa, no solamente sus integrantes socios o directivos”, explicó.

Por su parte, Jaime Olvera Sandoval, integrante de la Firma Compliance & Defensa Penal y Corporativa, recordó que en el año 2014 únicamente las personas físicas eran sujetas de una responsabilidad penal, pero con la reforma a este código se podrá criminalizar a las empresas.

“Existe la pena de muerte para las empresas, tratándose de la responsabilidad penal, porque se puede ordenar por parte de un juez, mediante una sentencia condenatoria, la disolución de una empresa”, insistió.

Señaló que las empresas son responsables penalmente de los delitos que se establecen en los códigos penales, como el contrabando, la defraudación fiscal, el daños a terceros, el acoso, el abuso de confianza, los daños al medio ambiente o los accidentes.

Olvera Sandoval indicó que es importante capacitar a los empresarios para evitar la impunidad en las sociedades con sanción que podría llevar hasta la extinción de las compañías:

“Los empresarios necesitan conocer los detalles del modelo de responsabilidad. En algún descuido, si llegan a cometer un delito que impacte en su esfera jurídica y patrimonial, las consecuencias pueden ser devastadoras”.

Los abogados señalaron que en próximos meses presentarán ante el Congreso del Estado una propuesta para armonizar el Código de Procedimientos Penales del Estado con el federal.