Juan Antonio Magallán – Morelia, Michoacán
En 17 años de vigencia de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los escándalos de corrupción crecieron exponencialmente. En 2003 se registraron 751 investigaciones periodísticas al respecto, mientras que en el 2018 hubo 55 mil. Lo cual significa un aumento de mas del 7,300 %, puntualizó el comisionado Joel Salas Suárez, integrante del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
En su conferencia magistral “Transparencia. Valor fundamental para el bien común” realizada en el Centro Cultural Universitario (CCU) de la Universidad Michoacana, como parte del festejo del decimoquinto aniversario de la creación de la Unidad de Transparencia Universitaria, Salas Suárez destacó que el acceso a la información se ha convertido en un derecho instrumental para garantizar otra serie de derechos y potenciar la exigencia hacia el sistema político mexicano.
“A 17 años de la entrada en vigor de la ley en cuestión, ha habido un cambio de paradigma. Anteriormente los funcionarios creían que la información de su archivo les pertenecía y solamente determinaban qué, cuál y cómo se filtraba información parcial ante los medios de comunicación, pero a partir de esa ley se consagró que todos los mexicanos tienen derecho a solicitar información a los sujetos obligados”, explicó el comisionado.

Acto seguido realizó un balance de las notas periodísticas publicadas en medios nacionales e internacionales sobre los casos de corrupción, comparando 2003 y 2018. En 2003, las notas publicadas del tema llegaron a 751, mientras que en 2018 alcanzaron las 55 mil.
“Detrás de cada nota hay solicitudes de información y recursos de revisión”, especificó.
Citó una serie de ejemplos de corrupción a nivel nacional, que han salido a la luz gracias a los documentos dados a conocer a través de los mecanismos del INAI.

Comenzó por el caso de la empresa Odebrecht, que tejió toda una red de corrupción en América Latina, pero destacó que México ha sido el único país en el que no ha habido sanciones administrativas y penales para los funcionarios y empresarios que se prestaron a los sobornos de la empresa brasileña.
“El INAI ya instruyó en más de siete veces a la Fiscalía General de la República para que entregue las carpetas de investigación, pero no ha cumplido. Es curioso que México sea el único país en el que no hay sanciones hasta el momento”, cuestionó.

Otro ejemplo citado fue la compra de Altos Hornos y Fertinal por parte de Pemex, empresas que le costaron a la industria 250 millones de dólares cuando en realidad su valor no rebasaba los 25 millones de dólares.
“Gracias a una solicitud de información, dimos a conocer esos datos”, puntualizó.
Continuó con el caso de la Estafa Maestra y los 450 millones de dólares de universidades públicas tergiversados para beneficiar a una serie de empresas. Luego el de la Casa Blanca, inmueble adquirido por la exesposa de Enrique Peña Nieto con un valor de 7 millones de dólares, cuya información fue recabada por la periodista Carmen Aristegui y su equipo.

Prosiguió con los casos de los sobornos que pretendía generar la transnacional Walmart para construir una tienda en las inmediaciones de Teotihuacán, área protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y el de los 70 docentes que ganaban más dinero que el presidente, y el de los mil 400 maestros que “tenían 101 años”, o más bien difuntos presentes en la nómina educativa, que rebasaba los 343 millones de pesos mensuales.
“Todos esos casos se dieron a conocer en los medios de comunicación gracias a las solicitudes. Si bien el camino para frenar la corrupción es largo, el camino está hecho para visibilizar lo que realmente está pasando en el país”, finalizó el comisionado del INAI.
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