Juan Antonio Magallán – Morelia, Michoacán
México es un gran cementerio del crimen. Hasta el 2018, en Michoacán se ha encontrado 69 fosas clandestinas con 123 restos óseos, la mayoría sin identificación, lamentó Mercedes Ruiz González, integrante de la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas “Caminando por la Justicia”.
La activista social, cuyos familiares fueron desaparecidos el 29 de noviembre de 2010 en Apatzingán y tuvo que interponer un amparo en 2019 para lograr recuperar el expediente de investigación, informó que México se ha convertido en una gran fosa clandestina y, ante la frialdad de las autoridades, los grupos activistas son los que empujan la aparición con vida de los 40 mil desaparecidos de los que se tiene registro a nivel nacional.
“La mayoría de los cuerpos de las fosas clandestinas están sin identificar. Estamos buscando crear un banco de datos genéticos para avanzar en ese tema. Hasta 2018 tenemos un registro de 69 fosas clandestinas con 123 restos”, informó.
El reporte de las tumbas encubiertas proviene del Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH, por sus siglas en inglés), sin embargo Mercedes Ruiz aclaró que de 2019 no hay reporte alguno, pues no existe una base de datos actualizada.
Sobre las fosas encontradas en Michoacán, la activista puntualizó que se localizan en toda la geografía michoacana, pero se focalizan en la zona de Tierra Caliente, especialmente en municipios como Tancítaro y Apatzingán.
Sobre las acciones implementadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal, con Alejandro Encinas al frente, Mercedes Ruiz opinó que ha sido un trabajo limitado.
“No hay más que hacer presión para que las autoridades realicen las acciones a las que están obligadas”, lamentó.
En ese tenor, urgió al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, a emitir una convocatoria para la creación de una comisión estatal de búsqueda de personas desaparecidas, toda vez que desde el Gobierno Federal se ha anunciado que no habría tope en inversión de recursos materiales y humanos para dar con las víctimas.
“Hasta la fecha solamente Coahuila y Nuevo León tienen su Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Mientras seguimos en el activismo, hay compañeros que están amenazados por alzar la voz. El activismo es un parto doloroso, es esa transición de estar en vida familiar a ser sujeta de derechos humanos y reclamarlos”, concluyó.
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