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Morelia, Michoacán – Yolanda Gutiérrez

En manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Cámara de Diputados están las dos vías de solución para evitar el colapso financiero del sistema educativo en Michoacán, pues el dinero disponible alcanzará únicamente para cubrir hasta julio la nómina magisterial. Otros 25 estados del país enfrentan una situación similar, pues cada mes arañan de donde pueden los recursos para completar la nómina. Así de drástico es el escenario que planteó el secretario de Educación, Alberto Frutis Solís.

Consideró que sí es posible contener una situación de proporciones mayores con las herramientas legales que están a la mano. Uno: desde las Cámaras del Congreso de la Unión se empuja un artículo transitorio en la propuesta de reforma educativa que plantee la obligación de la federación para que todos los estados con dificultad financiera reciban los recursos necesarios y se reasigne ese presupuesto federal que no contempló.

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Y en el marco de la discusión nacional de la reforma educativa, Frutis Solís, entrevistado por Primera Plana Noticias, consideró que es inaplazable la revisión de los recursos financieros en materia educativa para los estados.

Dos: si la Corte resuelve favorablemente la controversia constitucional que promovió en febrero el gobernador Silvano Aureoles, la federación deberá asumir la nómina de casi 30 mil trabajadores de la educación estatales, que le cuestan al Gobierno del Estado 7 mil millones de pesos al año.

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Hay confianza, dijo el secretario de Educación, de que la Corte resolverá a favor del recurso que interpuso el Ejecutivo estatal. “Nosotros nos estamos sujetando al artículo tercero constitucional, a la Ley General de Educación que dice claramente en quién recae la potestad de la educación, y también dice claramente que los estados somos únicamente concurrentes”.

En el peor escenario, el funcionario imaginó la respuesta del magisterio: un clima de movilizaciones, bloqueos y tomas si se repite el incumplimiento de pagos. Defendió que los docentes necesitan trabajar en un ambiente de certeza laboral, con pagos en tiempo y, en consecuencia, con todos los niños en las aulas.


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