Ciudad de México – Excélsior
El Poder Judicial de la Federación declaró ilegales acuerdos pactados entre el gobierno federal, el gobierno de Oaxaca y la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante los años 1992, 2013, 2014 y 2015, entre ellos el que dotó a la sección sindical de un banco de plazas para que dispusiera a completa discreción de las mismas.
Luego de cuatro años de haber interpuesto un amparo, el pasado 11 de febrero se resolvió el juicio a favor de la organización Aprender Primero, brazo jurídico de la organización Mexicanos Primero.
En la resolución se determinó que las autoridades que actualmente están en el cargo están obligadas a dejar sin efecto los pactos, entre los que también se encuentra el derecho de los agremiados de la sección 22 a recibir incentivos y promociones por su buen desempeño y no por concursos como lo marca ahora mismo la ley.
“(La resolución) da una lección clamorosa: ya no más acuerdos ilegales; que los funcionarios federales y estatales se dejen arrebatar por una sección sindical recursos a través de vías no previstas universalmente, merece el rechazo público. Tal proceder debe ser sancionado como conducta que desfonda y desvirtúa”, dijo David Calderón, presidente de Mexicanos Primero.
Destacó que si bien la resolución no dejará a ningún docente sin trabajo, se ganó que se entienda que las plazas docentes y directivas no son una bolsa a repartir.
Otro de los acuerdos suspendidos con la resolución del Poder Judicial fue el pacto que implicaba que los docentes de la sección 22 en servicio antes del 11 de septiembre de 2013, fecha en la que se promulgó la Ley General del Servicio Profesional Docente, no serían cambiados o removidos de sus funciones aún en los casos expresamente contemplados por dicha ley, como no obtener resultados satisfactorios en la tercera evaluación de desempeño.
Tres minutas por año
En este contexto, Mexicanos Primero advirtió que el uso de minutas por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido una constante toda vez que en promedio se firman unas tres por año con las dirigencias sindicales de las secciones de la disidencia, básicamente Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.
“La gobernabilidad como la entendieron la Secretaría de Gobernación y el gobierno de Oaxaca no puede ser aducida como fundamento para perpetuar la entrega de plazas y la concesión de promociones a la sección 22, por el contrario, que la firma de minutas y acuerdos de excepción es un incumplimiento inaceptable de la Constitución y de las leyes una conducta reprobable por ser contraria al derecho a la educación”, acusó David Calderón.
