Quedó instalada una mesa de negociación de representantes de los gobiernos Federal y estatal, así como del magisterio michoacano, y una buena señal para la ciudadanía sería que los maestros desistieran de sus bloqueos a las vías de comunicación, cierre de vialidades y plantones que tanto afectan a millones, no sólo del estado, sino del país.
Siempre en estos casos imperan las posiciones e intereses de los grupos políticos en conflicto (incluyendo los gobiernos, por supuesto), quedando el interés general siempre en la última fila… cuando se le considera.
No debería ser así. Esas mesas de negociación, incluso, ganarían credibilidad y legitimidad, en caso de que las afectaciones a los ciudadanos ocuparan un lugar en la agenda y constituyeran parte importante de las negociaciones y eventuales acuerdos.
El bloqueo a vías del ferrocarril, carreteras, casetas de peaje, cierre de vialidades y las tomas de dependencias de gobierno provocan cuantiosas pérdidas en todos los niveles, desde micro y pequeños negocios hasta grandes empresas; crispan el ánimo social; provocan climas de confrontación y rechazo a las movilizaciones, y alientan percepciones de frágil institucionalidad.
En el caso de los paros magisteriales, la irritación y repudio crecen por los miles de estudiantes que se quedan sin clases, convirtiéndose en los principales afectados por las constantes movilizaciones de corte político de los mentores.
En todo esto hay vacíos jurídicos que deben cubrirse, pues resulta una aberración que, bajo el argumento de la libre manifestación y el derecho a la movilización política y sindical, se permita y solape la comisión de delitos en flagrancia, dejando a la población -les guste o no- en la indefensión.
Eso también es corrupción. Eso también tiene un nombre: impunidad. Que no van de acuerdo con la reconciliación y la transformación a que ha convocado el nuevo gobierno federal.
Esos vacíos legales no han sido atendidos por la histórica falta de voluntad política de gobernantes y dirigentes magisteriales, que a lo largo de los años impusieron sus intereses por encima del bienestar general.
No estaría mal, pues, que alguien recordara en esa mesa de negociaciones la máxima tan citada en los últimos días: nada al margen de la ley, nadie por encima de ella.
Y que, en los hechos, lo hagan valer.
Aquí se queda… ¡aquí entre nos!
