Karina Arreygue – Morelia, Michoacán
A resolver los pagos con el sector educativo convocó Alfredo Ramírez Bedolla, coordinador parlamentario de Morena, al gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo.
A través de las redes sociales, el diputado morenista señaló que el tema debe ser resuelto por el gobierno estatal.
“Culpar al Gobierno Federal por el déficit en el sector educativo es una salida fácil. Hacemos un llamado al gobernador Silvano Aureoles a que regrese de inmediato de su gira por el extranjero y resuelva el pago de los trabajadores educativos”, manifestó.
Asimismo, Antonio Madriz Estrada, diputado por Morena y presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, recordó que el Gobierno Federal envió en diciembre de 2018 mil 650 millones de pesos extraordinarios para el pago de salarios y prestaciones a los docentes de los niveles de Educación Básica y Media superior, lo que demuestra, dijo, que sí hay apoyo para la entidad.
Aseguró que el pasado miércoles 16 de enero el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Héctor Garza González, ofreció al Gobierno de Michoacán un adelanto de participaciones federales por 300 millones de pesos; sin embargo, el EJecutivo estatal lo declinó.
Por su parte, el gobernador Silvano Aureoles Conejo puntualizó a través de su cuenta de Twitter que aceptar este adelanto de participaciones sería una violación al presupuesto aprobado por los legisladores.
“Recurrir a un préstamo o adelanto de participaciones para pagar salarios y prestaciones del magisterio, implicaría una violación al Presupuesto de Egresos autorizado por el Congreso del Estado y generaría graves problemas financieros en la entidad”, consideró.
El pasado 26 de noviembre el mandatario estatal regresó los servicios educativos a la Federación, tanto el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica signado el 18 de mayo de 1992 como el Convenio que en materia de educación se suscribió el 15 de diciembre de 2014, debido a que no eran sostenibles por el estado debido al déficit causado por minutas firmadas por administraciones anteriores, que ascienden a 4 mil 200 millones de pesos anuales.
