Apenas inicie 2019, la integración de la Guardia Nacional, sus alcances y métodos, será el tema que acaparará la atención de políticos y ciudadanos en un año que, como han sido los anteriores, registrará la inseguridad como el tema de mayor preocupación en el país.
Fuera de la agenda -política casi siempre- de organizaciones civiles y de derechos humanos, esa preocupación de la mayoría de mexicanas y mexicanos está en el día a día: la delincuencia ronda sus casas, escuelas, calles, colonias, pueblos, comunidades, ciudades, caminos, carreteras… y desde hace más de 12 años no ha funcionado ninguna de las pomposas estrategias que se han anunciado para frenar la escalada de violencia.
¿Será entregando a los militares la responsabilidad de la seguridad pública la mejor apuesta? Difícil hacer un pronóstico o incluso proyecciones, pues plantean verdades a medias (o mentiras completas, como se quiera ver) quienes dicen que esa opción fue aplicada por Felipe Calderón y seguida por Enrique Peña Nieto con los malos resultados conocidos. Para nada.
Calderón y Peña recurrieron al Ejército y Marina Armada de México sin ningún marco regulatorio, enviaron a soldados y marinos a una ‘guerra’ contra la delincuencia organizada en la que se fijaron como principales objetivos la detención o abatimiento de los jefes delincuenciales identificados como de mayor peligrosidad y sostuvieron la idea de que su caída era un triunfo para la tranquilidad de estados y regiones.
Ahí está el territorio nacional para dar cuenta del resultado de esa estrategia; en efecto, se desató una cruenta ‘guerra’ en la que sólo ha habido perdedores: los mexicanos, todos y todas.
La idea ahora es distinta, al menos en el papel y hasta donde se ha informado, o si se quiere más acabada: significa establecer en la ley, con reglas claras, que los militares estarán a cargo de la seguridad pública en el país, incluyendo los llamados delitos del fuero común y no sólo delincuencia organizada.
La creación de la Guardia Nacional significará que cada región, estado o comunidad del país tendrá un mando encargado de la seguridad pública, con formación e instrucción militar y que, a final del día, sólo recibirá órdenes y entregará cuentas a su inmediato superior dentro del Ejército.
¿Será esa la mejor solución? ¿Habrá un alto a la violencia y disminuirían los indicadores delictivos? 2019 marcará el año que nos lo dirá.
Y ahí sí, será poco el margen de error que se le concederá al presidente Andrés Manuel López Obrador y sus colaboradores. Si el próximo año no hay resultados claros en materia de seguridad, no habrá maroma ni verbo político que valga.
Aquí se queda… ¡aquí entre nos!
