Como decíamos, visto el calendario, ya es hora de cruzar los dedos y rezar para que la federación resuelva pagar al magisterio michoacano. Los días corren y de parte de las secretarías de Educación y de Hacienda ni siquiera conocemos su respuesta y posición, primero, a la propuesta hecha por el gobernador de Michoacán de alcanzar un nuevo acuerdo educativo, y segundo, tiempos y mecanismos para que la nómina de maestros y maestros del estado pase a responsabilidad y control federal.
Vamos a lo inmediato: seguro que, como dijo Silvano Aureoles, se les tiene que pagar, de una forma o de otra; ni modo que no. El asunto es que es fin de año (hay que pagar aguinaldos) y el nuevo gobierno -según se ve, se lee y se escucha- anda echo bolas con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de 2019.
Mañana se cumple una semana de la reunión de Aureoles con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y hasta hoy lo único que sabemos es lo que informó el mandatario estatal: que se explorarían alternativas para respetar en tiempo los derechos salariales de los docentes.
En esa exploración de alternativas nos quedamos. Y no debe ser cualquier exploración ni cualquier alternativa: lo que se determine, la fórmula que halle Urzúa y sus colaboradores debe ser tan viable como para dar continuidad a los cambios que vienen, forzados por la decisión del gobernador michoacano, de retirarse del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que con las modificaciones hechas desde que se firmó hace 26 años, se convirtió en un mecanismo que sirvió para todo, menos para modernizar la educación básica.
Sí en cambio -y no sólo en el caso de Michoacán- pervirtió de muchas maneras la relación gobierno estatal-sindicato magisterial y terminó por convertirse en una pesada carga para las finanzas de los estados, que asumieron responsabilidades que constitucionalmente corresponden al gobierno federal, como es el caso de la nómina y los servicios educativos del país.
Viene entonces el tema de fondo y las soluciones de largo plazo, integrales. Pero, ¿qué dice el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, sobre la propuesta de Aureoles? Tampoco sabemos nada. Que se instalará una mesa para revisar el tema, sólo eso.
Pero tampoco puede ser una mesa de negociación cualquiera. Vaya, no es que la federación se disponga a hacer una graciosa concesión a la administración estatal; esa, repetimos, es su obligación y así está establecido.
Lo trascendente será que a partir de la claridad y delimitación de obligaciones, se pueda transitar hacia un mejor sistema educativo, menos polarizante y conflictivo, más justo para las niñas y los niños de Michoacán.
El problema, pues, es de fondo. Así se esperan que sean las respuestas y soluciones.
Aquí se queda… ¡aquí entre nos!
