Independientemente de lo que en su momento resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el fondo de la controversia constitucional que se presentará contra los llamados superdelegados de la Federación, el otro fondo del conflicto tendrá que resolverse a partir del diálogo, la negociación y la conciliación política. Porque de eso se trata: de un conflicto político.
Pudiera ser que la puerta a ese diálogo y negociación se abra este martes por la tarde en la reunión que tendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador con la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago).
Sería deseable que así fuera, porque resulta realmente un sinsentido que Federación y estados (Michoacán no es el único caso) no puedan ponerse de acuerdo ni siquiera en cómo llevar a cabo las reuniones de trabajo en temas tan sensibles como el de seguridad, quiénes participan y con qué carácter, funciones y atribuciones.
Durante los cinco meses de transición, hay que decirlo, fue notorio el desdén con que López Obrador y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, abordaron el tema de los coordinadores estatales de los programas sociales del Gobierno Federal, a pesar de los polvos que levantó y de las advertencias que se hicieron sobre las señales de centralización, fracturas al pacto federal de coordinación fiscal e invasión de facultades que la medida podría provocar.
Desde el anuncio mismo de que se modificaría la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para dar paso a los superdelegados, se alertó además sobre el conflicto político en ciernes, porque los nombramientos de cargos recaían en dirigentes y/o excandidatos del partido Morena y porque la determinación escondía intereses electorales hacia el futuro.
Los implícitos y explícitos señalamientos de corrupción y desvíos en el manejo de los programas y recursos federales sería otro punto del enfrentamiento entre el nuevo gobierno de la República y los mandatarios estatales.
Pero a pesar de todas esas advertencias, decíamos, imperó la arrogancia y durante largos cinco meses a nadie del nuevo grupo gobernante se le ocurrió convocar a los gobernadores -en funciones y electos- a una reunión para explicar la iniciativa y aclarar todas las dudas que generaba el nuevo tipo de coordinación que se planteaba con los estados. Nada. Cero diálogo, cero negociación.
Ahora, el conflicto ya les estalló. Y entre el fondo jurídico y político de la controversia, impera el segundo. Esa es la realidad, el terreno donde tendrá que resolverse el diferendo, que a ver si no termina por cuartear a la Conago. Ya veremos…
Aquí se queda… ¡aquí entre nos!
