Morelia, Michoacán.- Con la figura de los superdelegados y la reforma a la Ley de Orgánica de la Administración Pública federal se podría afectar el régimen de competencias del estado, federación y municipios, expresó Adrián López Solís, coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Ante esta situación, señaló como adecuado el anuncio del gobernador Silvano Aureoles respecto a la interposición de una controversia constitucional.
“Estoy convencido de que el gobernador al mostrar esta postura lo hizo a través de un análisis profundo en la necesidad que tiene de defender como titular del Ejecutivo el ámbito competencial del Estado”, manifestó.
Indicó que es pertinente interponer la controversia constitucional para evitar que exista invasión de funciones y competencias del Gobierno del Estado.
“Es pertinente que la reforma que se hizo a la Ley Orgánica de la Administración Pública federal sea revisada por la Suprema Corte y se pueda dirimir si esta figura, ante estos actos, estaría derivando en una intervención oficializada desde la Ley”, detalló.
López Solís refirió que Roberto Pantoja convocó “con carácter de instrucción” al gobernador para que asistiera a una reunión de seguridad en las instalaciones de la 21 Zona Militar, hecho que consideró contrario a sus atribuciones.
“En política la forma es fondo y lo que evidencia es un desconocimiento profundo por la manera de hacer este tipo de invitaciones, descuidando lo que representa la investidura de un gobernador legítimo. No se puede someter a la instrucción de un enviado del Gobierno de la República, por muy superdelegado que sea o se sienta”, criticó.
Aseveró que, a pesar de esto, la reunión se celebró por la importancia de la seguridad en la entidad.
El coordinador parlamentario del PRD aclaró que el Sol Azteca, desde la Cámara de Diputados, iniciará un procedimiento para llevar una acción de inconstitucionalidad, en la búsqueda de que la Suprema Corte declare que la ley en cuestión es contraria a la Constitución, mientras que el Gobierno del Estado interpondrá una controversia constitucional, “por la falta de respeto al ámbito competencial”.
