Ciudad de México.- Entre el 2008 y el 2013, Michoacán dejó de recibir 4 mil 180 millones de pesos en convenios educativos que se tenían con la federación y en los últimos 14 años, la participación presupuestal estatal en educación incrementó en un 55 por ciento, motivo del boquete financiero en dicho rubro. En los últimos tres años el gobierno estatal ha pagado dos mil 500 millones de pesos adicionales a lo presupuestado en la nómina educativa, expuso Silvano Aureoles Conejo, gobernador del estado.
Al mediodía de este lunes, el mandatario estatal informó que daría por concluidas las relaciones de convenios federales en materia de educación básica y normal, ya que no se cuentan con los recursos suficientes desde las finanzas estatales para atender boquetes que dejaron anteriores administraciones, que ha llevado a tener un presupuesto deficitario de más de 4 mil millones de pesos.
Los 4 mil 180 millones de pesos que se dejaron de recibir entre el 2008 y el 2013, se derivan de la reforma la Ley de Coordinación Fiscal, que en 2008 modificó la fórmula de distribución del Fondo de Aportaciones de la Educación Básica, y por la expedición del Acuerdo Nacional para el programa de Carrera Magisterial, lo que ha obligado al estado a cubrir esos compromisos con recursos estatales.
Además, Aureoles Conejo explicó que desde 1995, los ex gobernadores (buscando estabilidad y gobernabilidad) firmaron minutas adicionales, creando nuevas plazas, bonos y prestaciones sin respaldo presupuestal que llevaron a compromisos por mil 21 millones de pesos adicionales al pago de la nómina.
En ese sentido, recordó que en sus tres años de gobierno ha pagado dos mil 500 millones de pesos al magisterio por bonos, adicionales al salario.
A lo anterior, Aureoles Conejo añadió que Michoacán quedó fuera de la firma del acuerdo para la Calidad en la Educación (ACE) en 2007 entre la SNTE y el gobierno federal, lo que redujo la llegada de recursos para necesidades educativas de las escuelas, motivo por el cual se crearon 32 mil nuevas plazas estatales, sin el techo presupuestal asegurado, sumándolo el otorgamiento de plazas automáticas de normalistas.
Para el 2014, el Gobierno Federal centralizó la nómina educativa y no reconoció las plazas estales y prestaciones autorizadas en la vigencia del Acuerdo por la Modernización de la Educación Básica de 1992, aceptando de manera equívoca únicamente las plazas con sostenimiento federal.
“Un ejemplo de ello son las 2 mil 710 plazas de telesecundaria y de personal administrativo que pertenecen a la educación básica y no fueron reconocidas, creando un compromiso económico para el estado de más de mil 100 millones de pesos, en el estado no se cuenta con esos recursos”, manifestó.
