Publicada la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que ningún funcionario en el país podrá ganar más de 108 mil pesos mensuales, que es el tope salarial marcado por el ingreso del próximo presidente de la República, lo que viene ahora con toda seguridad es una desbandada en la alta burocracia y una andanada de amparos e incluso controversias constitucionales de quienes creerán agraviados sus derechos.
Esta decisión no se puso a consulta. No. El presidente electo un buen día determinó que su sueldo sería de 108 mil pesos y que nadie podría ganar más que él. Los legisladores de Morena entonces hicieron suya la idea, desempolvaron una vieja iniciativa del diputado Pablo Gómez -data del sexenio de Felipe Calderón- y la aprobaron. Ya se publicó el lunes en el Diario Oficial de la Federación.
Aparte de los errores y descuidos en la presentación y redacción (imperdonables en legisladores federales que cobran puntualmente), en el fondo se trata de una ley que, si bien puede resultar muy popular a simple anuncio, generará en su aplicación más problemas que beneficios al nuevo gobierno, por desproporcionada, arbitraria e injusta:
Primero, porque la reducción a rajatabla de salarios no es buena compañera de la eficiencia laboral; segundo, porque no será bien recibida por los burócratas y sus familias afectadas por la medida; tercero, implícitamente hay una acusación contra todos y todas por abuso y derroche, y cuarto, se trata de una medida que atenta contra derechos ganados, además de injusta porque no todos los servidores públicos pueden ser valorados y expuestos en la misma canasta.
¿Qué tiene que ver, por ejemplo, un funcionario que accede a cargos por cuota partidista con un ingeniero especialista en proyectos carreteros de la SCT? ¿Qué tiene que ver un diputado o senador -que a veces ni estudios tienen- con un economista analista de mercados de la Secretaría de Hacienda? ¿Qué tiene que ver un político chapulín con un investigador de alguno de los institutos, digamos de la UNAM?
Lo justo sería que las reducciones y limites se aplicaran a quienes acceden a los cargos públicos por pago de favores políticos, e incluso que se les exigiera más. Pero, ¿por qué calificar a todos los servidores públicos -la mayoría sin militancia ni intereses partidistas- con la misma vara?
Habrá que recordarle a muchos de los legisladores (y modositos próximos funcionarios) de Morena que no hay agua para lavarles la cara. Que su pasado los delata.
Aquí se queda… ¡aquí entre nos!
