Morelia, Michoacán.- El presidente electo de la República Mexicana y su equipo de transición deben transparentar y aclarar la base de la legalidad de la “consulta ciudadana” para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), además de informar sobre la metodología para la elección de la muestra y la formulación de la pregunta que se haga a los ciudadanos, afirmó la diputada Adriana Hernández Íñiguez.
En ese sentido, la legisladora tricolor recordó que la Constitución Política reconoce en su artículo 35, fracción VIII, el derecho de los ciudadanos a votar en este tipo de ejercicios; así como las bases a las que se deberá apegar su realización, las cuales señalan que estos ejercicios deberán de ser convocados por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República, el 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras y los ciudadanos en un número equivalente de al menos el 2% de los inscritos en la lista nominal.
Añadió que la Carta Magna también estipula que las consultas serán vinculatorias cuando la participación total corresponda al menos al 40% de la lista nominal. La constitución señala que será el Instituto Nacional Electoral quien tendrá a su cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados y se realizarán el mismo día de la jornada electoral federal.
“Además hay que resaltar que tampoco se presentaron mecanismos para garantizar la protección de los datos personales de los participantes, así como para evitar que puedan ser usados con otros fines distintos a los convocados”, enfatizó.
El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, Eduardo Orihuela Estefan, puntualizó que la Constitución establece que es el Instituto Nacional Electoral (INE) el encargado de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las consultas populares, y en el caso de la próxima consulta, la organización está totalmente en las manos de un partido político.
Indicó que otra de las irregularidades es que solo se instalarán mesas de participación en 538 municipios de todo el país, mientras que en todo México hay 2 mil 458.
“En otros países, cuando se hace una consulta popular, los ciudadanos reciben la información suficiente para poder tomar una decisión. En el caso del aeropuerto, a la fecha, los organizadores no han sido imparciales en la difusión de la información, dándola de forma tendenciosa o incompleta, que mal informa al ciudadano”, añadió.
El legislador se dijo preocupado por una consulta que parece mal organizada, que no sigue los preceptos constitucionales, que no es parcial y que no deja clara su operación.
“Las consultas populares son nuestro derecho constitucional, pero como todo, tienen reglas y formas y es importante recordar que la legalidad, es el único camino para el progreso”, aseveró.
