El legítimo derecho que las empresas periodísticas tienen para buscar acceder a los recursos que los gobiernos destinan a sus campañas de comunicación oficial, se ha tergiversado y pervertido a tal grado que abundan los casos de ‘representantes de medios’ que -sin rubor alguno- recurren al chantaje, la amenaza de por medio: ‘te pego si no me pagas’.
Durante décadas ha sido criticada la discrecionalidad, el abuso, los excesos y la falta de transparencia del gasto en publicidad por parte de los gobiernos; la opacidad con la que se ejerce ese dinero es un tema no resuelto en México.
Esa falta de reglas claras, sin embargo, ha sido malentendida por un sin fin de supuestos empresarios y auto llamados “periodistas” que, sin rigor profesional, se mueven por el fango de la extorsión, degradando el oficio y llevándolo a niveles de la ruindad.
El tema, con todos sus aristas, debe ventilarse y debatirse con seriedad. Sin que nadie recurra al gastado recurso de la victimización y, otra vez, al chantaje.
La oportunidad se abre en Michoacán, con la decisión que tomó este jueves la coordinación de Comunicación Social del gobierno del estado de hacer públicas las amenazas, presiones, insultos y noticias falsas lanzadas contra su personal -especialmente contra la titular de la dependencia, Julieta López Bautista- desde algunos portales de Uruapan, con el propósito de exigir el cumplimiento de pagos atrasados y, sobre todo, mantener sus convenios de publicidad.
“No cederemos a las presiones ni a chantajes”, es el título del revelador comunicado de la coordinación de Comunicación Social, cuyo contenido pone al descubierto precisamente aquellas prácticas que han envilecido, durante décadas, la relación prensa-gobiernos.
El comunicado se emitió como una forma de respuesta a las “notas periodísticas” difundidas en aquel municipio -tan falsas como mal redactadas, por cierto- contra López Bautista y sus colaboradores, los insultos y difamaciones de que han sido objeto; se hace referencia también al mitin que el próximo domingo realizarán periodistas uruapenses para demandar la renovación de convenios publicitarios y el pago de adeudos.
Se le pone nombre y apellido a quienes encabezan la embestida: Paul Alberto Chávez Noriega, quien representa a un portal conocido como ‘Vértices’, y Lenin Guillermo Medina Ramos, de ‘Tiempo de Michoacán’.
No vamos a hacer eco aquí de la cascada de improperios que se leen desde esos portales. No es el caso. Los ataques personales, la violencia de género, la injuria y el chantajista ‘te pego si no me pagas’ tampoco merecen más espacios.
Sirve el boletín a la coordinación para informarle a los “comunicadores” uruapeses que los adeudos se saldarán, pero refrenda que por los diversos ajustes presupuestales que habrá para eficientar el gasto del dinero público, muchos convenios publicitarios no se renovarán y otros, los que se mantengan, tendrán que ajustarse a la realidad.
Aquí viene el fondo del problema que nos ocupa: habrá que empezar por aclararle a los “indignados comunicadores” de Uruapan que ese tema no es exclusivo de su ciudad, sino que se trata de un caso que ya se revisa a escala nacional: la inconveniencia de mantener contratos publicitarios sin sentido, sin mayor impacto y a costa del erario. Y que no se tiren al suelo: los ajustes tocarán a todos, medios grandes, medianos o muy pequeños.
Pero el asunto ni siquiera es el tamaño. La revisión que debe hacerse debe partir de las siguientes preguntas: ¿cuántos de esos convenios se establecieron a partir de criterios profesionales y no desde el chantaje y la complicidad entre funcionarios, políticos, empresarios y comunicadores?
Es más, ¿cuántos de esos “medios” responden a los mínimos estándares de profesionalización, ética y responsabilidad que implica el oficio de informar? ¿Cuántos de esos medios surgieron sólo para lucrar, chantajear y vender sus espacios al mejor postor? ¿Son verdaderos periodistas los que laboran ahí?
No se trata de mantener hasta el infinito esa relación, perversa por donde se le vea.
Y sí, los gobiernos tienen que transparentar el gasto en publicidad, no usarlo para presionar ni socavar la libertad de expresión y los espacios legítimamente ganados por los periodistas.
Para este lado, la exigencia de transparencia debe ser la misma. Desterrar el nefasto ‘te pego si no me pagas’ ha de ser el primer paso.
Aquí se queda… ¡aquí entre nos!
