Morelia, Michoacán.- Pese a que un juez federal concedió un amparo para que los jornaleros y sus familias que pernoctan en el albergue de la Sedesol en Tanhuato no paguen una cuota ilegal, los policías municipales del municipio siguen cobrándoles 210 pesos a la semana, denunció Sofía Blanco Sixtos, integrante de la Red Solidaria de Derechos Humanos.
Además en el interior de la estancia se han detectado violaciones a los derechos humanos de acceso a la vivienda, a una vida libre de violencia, a la alimentación y a la seguridad.
En conferencia de prensa, la activista señaló que a partir de la llegada de Juana Palomo a la administración del albergue las cuotas se multiplicaron.
“Anteriormente la cuota era de 35 pesos a la semana por persona. Ahora han juntado a seis personas por cuarto y en total deben pagar 210 pesos, aunque en el cuarto únicamente haya dos o tres personas; además cobra otros 210 pesos de depósito”, señaló.
Otra de las anomalías que se detectaron fue que el cobro lo realizan policías municipales, quienes amedrentan a las familias de los jornaleros al señalarles que si no pagan, los echarán del sitio, que dicho sea de paso, no debería cobrar un solo peso, toda vez que cuenta con un subsidio de la Sedesol.
Bajo dicho entramado, Sofía Blanco recalcó que se recurrió a dos procesos de amparo, y el juez dictó que las personas que estén dentro del albergue no deberían pagar nada, sin embargo, el pasado 9 de agosto policías municipales se apersonaron en el lugar para solicitar el pago de la ilegal cuota semanal.
Asimismo, resaltó que el próximo 13 de agosto se invitará a los medios de comunicación y autoridades de los tres niveles para que escuchen de viva voz las condiciones en las que viven las familias de los jornaleros.
Solicitan intervención del gobernador
Por su parte, Circe López Riofrío, presidente de Humanas sin Violencia A.C., lanzó un exhorto al gobernador Silvano Aureoles Conejo para que intervenga en la situación.
“Cuando el gobernador ha tomado cartas en el asunto, el albergue es maquillado y todo pareciera que está normal, pero las anomalías regresan cuando su equipo se va, y regresan las intimidaciones hacia las familias”, apuntó.
CEDH y CNDH, sin dar seguimiento
Las activistas sociales señalaron que el caso es de conocimiento tanto de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero que, sin embargo, “no han hecho nada”.
“La CEDH se comprometió a generar una mesa de diálogo desde el año pasado y no se ha realizado. Todo se quedó en buena voluntad. Es un asunto denunciado ante el órgano desde hace 11 meses”, añadieron las activistas.
Cabe destacar que el albergue atiende a 150 personas, incluyendo a niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad, y que a todos se les cobra cuota, en un acto ilegal orquestado presuntamente desde el Ayuntamiento de Tanhuato.
El albergue cuenta con 65 cuartos, y en temporada alta de cosecha (octubre y noviembre) se llena.
Por cada cuarto el ayuntamiento les cobra 210 pesos a la semana, lo que significa que le sacan 13 mil 650 pesos semanales a los jornaleros que acuden a la comunidad para buscar cómo sostener a sus familias, y pese a los amparos concedidos, la situación continúa.
