Exageran y le ponen demasiada imaginación al sospechosismo quienes especulan queriendo relacionar la declaración de Andrés Manuel López Obrador como presidente electo con la exoneración de Elba Esther Gordillo de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero que le imputó la Procuraduría General de la República (PGR) en febrero de 2013.
No hay tal relación; por lo demás, ese no debiera ser el punto del análisis que se hace a partir de la liberación de la poderosa ex dirigente del Sindicato Nacional Trabajadores de la Educación (SNTE), quien sirviera a cuatros presidentes en fila: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. A los mandatarios panistas podría decirse que, incluso, los sometió a sus caprichos y designios en el sector educativo.
Así es. El punto que debe llamar nuestra atención es la perversión, complicidad y corrupción que perdura en el sindicalismo mexicano (no sólo el magisterial y tampoco la maestra Elba Esther es el único ejemplo) y el uso político de la procuración de justicia para eliminar a quien o quienes dejan de ser “útiles” a los intereses del presidente en turno.
Porque desde el momento mismo de su detención, a todas luces quedó claro que la defenestración de la maestra tenía una sola explicación: se había vuelto incómoda para el presidente Enrique Peña Nieto y su proyecto de reforma educativa.
Ese es el asunto: Peña Nieto no estaba ni estuvo nunca por acabar con las complicidades del régimen con el corrompido SNTE y dar un paso hacia la democratización sindical, sino hacer a un lado -por la fuerza y con el uso faccioso de la PGR- a quien, por buenas o malas razones, significaba un obstáculo para sus proyectos y compromisos.
Había que anularla. Y la única forma que se les ocurrió al entonces procurador Jesús Murillo Karam y su subprocurador de Procedimientos Penales, Alfredo Castillo Cervantes, fue “fabricar” dos delitos graves: delincuencia organizada y lavado de dinero. No hay que olvidar que desde aquel febrero de 2013 se advirtió en varios medios con citas a especialistas en procuración de justicia: ambas acusaciones se sostenían con alfileres.
El encarcelamiento de la dirigente magisterial, no obstante, encontró buena acogida en la opinión pública por los documentados y escandalosos lujos con los que vivía -y vive- a costa del uso discrecional de las cuotas de los trabajadores de uno de los sindicatos más numerosos del mundo y otros favores que el sistema le brindó durante cuatro sexenios, sin regateos.
A partir de esas realidades y los compromisos contraídos por el presidente electo, sí deberá exigírsele al próximo gobierno atacar y poner fin a las redes de complicidades, prebendas e insultante corrupción que durante décadas se tejieron con los dirigentes del sindicalismo corporativo, llámese magisterial, petrolero, universitario, electricista, minero y un enorme etcétera.
Otra exigencia, no menor, es que las futuras Fiscalías General de la Nación y contra la corrupción trabajen al margen de las disputas y consideraciones políticas de coyuntura, a fin de que se castigue -con pruebas y procesos apegados a derecho- a quien haya cometido algún ilícito.
Eso sería lo deseable, para que la tan anunciada lucha contra la impunidad, no se reduzca a un circo.
Aquí se queda… ¡aquí entre nos!
