Arrebatar la ‘base social’ de la que disponen los grupos delincuenciales y disminuir el poder económico con el que se han vuelto en ‘fuente de ingreso’ de miles y miles de jóvenes y familias enteras en muchas regiones del país, ocupará una de las principales atenciones de cualquier estrategia o plan de acción que se diseñe en el futuro para disminuir los niveles de violencia e inseguridad que, se ha dicho hasta el cansancio, es la principal preocupación hoy por hoy de los mexicanos.
Si, se habla mucho del poder de fuego de esos grupos para someter comunidades enteras e incluso corporaciones policiacas; el miedo y el terror es parte también de su modus operandi. Pero es un hecho que en los últimos 10-12 años, las bandas criminales -llámeseles cárteles o de cualquier otra forma- llenaron espacios vacíos, abandonados por el Estado mexicano para la generación de oportunidades que permitieran cubrir las necesidades básicas de las personas.
Si los lideres de esos grupos pueden escapar evadir a los llamados cercos policiacos y militares que se despliegan para su captura, no es sólo por su poder corruptor de las policías y autoridades civiles locales o federales, tampoco a las deficiencias de los sistemas de inteligencia de las corporaciones. Mucho tiene que ver también la “protección” que les brindan en los pueblos, comunidades, barrios y colonias en las que operan.
Pasa en cualquiera de las entidades de la República, incluida la capital del país, en donde los más recientes informes oficiales sobre la violencia y la disputa por los corredores para la venta de estupefacientes, indican que cada vez son más los niños y los jóvenes “reclutados” por los narcomenudistas en delegaciones tan céntricas como Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero.
Ahí está, pues, quizás el más grande reto y más grave problema que enfrenta cualquier estrategia de combate a la delincuencia y para poner freno a la violencia e inseguridad.
Aquí se queda… ¡aquí entre nos!
