Ciudad de México.- En el actual proceso electoral, una de las piezas principales de su organización son los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), que por vez primera se encargarán, de forma concurrente, de los comicios en 28 estados, donde se renovarán congresos, presidencias municipales y ocho gubernaturas, teniendo en sus manos la logística electoral de dos mil 334 cargos.
Sin contar a la Ciudad de México y el Estado de México, El Universal realizó un ejercicio, sobre cómo están trabajando los árbitros de la contienda y bajo qué condiciones presupuestarias, así como de independencia, y encontró que en su desempeño algunos organismos han sido cuestionados por temas como presupuesto, sueldo de sus integrantes, opacidad en el manejo de recursos y hasta por presuntos vínculos partidistas.
Estos órganos son relativamente nuevos, pues en el pasado, antes de la reforma electoral de 2014, se trataban de Consejos Estatales Electorales, que en algunos casos trabajaban bajo la sombra de cuotas partidistas e incluso de la intervención de los mandatarios estatales, opacando su actuación.
La modificación de ley no sólo les cambió de nombre, también significó que el Instituto Nacional Electoral (INE) tuviera la facultad para nombrar a los consejeros y que el número de éstos se homologara a siete, ya que antes variaban entre cinco y nueve y eran designados por los congresos estatales. Además, el INE podrá delegar a los OPLES, en casos excepcionales, algunas funciones.
El objetivo de este esquema colaborativo, donde el INE se encarga de las votaciones federales es, según Gerson Hernández Mecalco, académico de la UNAM, fortalecer la credibilidad de las autoridades locales. Sin embargo, la reforma, señala, también provocó una percepción de duplicidad de funciones.
Los OPLES han tenido experiencia en al menos tres elecciones locales. En 2014, el INE aprobó la integración de los organismos de 18 entidades donde se realizarían comicios el siguiente año —nueve para la gubernatura—. En 2016, fueron 14 estados los que celebraron elecciones —12 para gobernador—. De los 21 procesos para encabezar los gobiernos locales, al menos 14 fueron impugnados.
Uno de los casos más representativos fue Colima, donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación(TEPJF) anuló las votaciones por la injerencia de funcionarios públicos a favor del priísta Ignacio Peralta, y convocó a elecciones extraordinarias, ganadas por el mismo candidato.
En 2017, cuando se realizaron votaciones en Coahuila, el Estado de México, Nayarit y Veracruz, el órgano electoral de Coahuila se vio envuelto en la polémica debido a que el PREP sólo logró computar 72%, al momento en que el abanderado del PAN, Guillermo Anaya, poseía una ligera ventaja.
La consejera presidenta, Gabriela María de León, informó que las actas no llegaron a tiempo y negó cualquier fallo del programa, que el propio instituto operaba, tal como lo hará en el proceso de este año. Aunado a ello, los topes de campaña del priísta Miguel Ángel Riquelme generaron sospechas de la oposición, que derivaron en una impugnación ante el TEPJF.
Frente a este panorama, 2018 es un año de prueba para su consolidación, pues los OPLES tendrán el reto de dar certeza al proceso electoral desde las etapas preparatorias hasta los resultados de la contienda, además de que quedará constancia de la forma en que se coordinan con el INE, considera el especialista.
Caros y consejeros bien pagados
Los consejeros encargados de planear y vigilar los comicios en estas 28 entidades —BC y Nayarit no tendrán elecciones— son 196, y en promedio perciben en salarios brutos 236 millones 612 mil pesos, esto es 3 mil 309 pesos al día, 37 salarios mínimos.
Lo que significa que un árbitro electoral percibe en un día lo que un empleado en 30 con un sueldo mínimo, tomando en cuenta que éste es 88.36 pesos al día. En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de las 52 millones 865 mil personas ocupadas laboralmente, 41% recibe entre uno y dos salarios mínimos.
Los institutos que invierten más recursos en sueldos son Tamaulipas, con 13 millones 662 mil pesos; Jalisco, con 11 millones 748 mil; Veracruz, con 11 millones 650 mil; Coahuila, con 11 millones 210 mil, y Sonora, con 10 millones 972 mil pesos.
Los presidentes y el resto de consejeros poseen distintas percepciones, los primeros son los mejor remunerados. Así, los titulares con los sueldos más jugosos pertenecen a Chiapas, con 187 mil pesos mensuales; Tamaulipas, con 173 mil; Sonora, con 152 mil; Jalisco, con 151 mil; Guerrero, con 143 mil pesos. En esas mismas entidades los consejeros restantes ganan 112 mil pesos, 160 mil, 127 mil, 139 mil y 118 mil pesos mensuales, respectivamente.
Respecto a este tema, en 2017 y como respuesta a la críticas de la ciudadanía, los integrantes del órgano guerrerense tuvieron que bajarse el sueldo 50%, al pasar de 191 mil y 134 mil pesos a 84 mil y 82 mil pesos. Su salario anterior superaba al del propio gobernador Héctor Astudillo Flores, quien percibe 146 mil pesos mensuales.
Los institutos que ofrecen menos paga, tanto para titulares como para los demás consejeros, son los de Hidalgo, con 55 y 48 mil pesos; San Luis Potosí, con 68 mil pesos; Durango, con 74 y 54 mil pesos; Colima, con 79 y 48 mil pesos, así como Tlaxcala, con 83 y 66 mil pesos.
El presupuesto
En conjunto, los 28 órganos poseen 11 mil 632 millones 215 mil pesos y destinan 2% de este recurso a los salarios de sus consejeros. Pese a que el INE y los OPLES mantienen un vínculo, el Instituto Nacional no determina el presupuesto de éstos. Los recursos se contemplan en el Presupuesto de Egresos de cada estado, por lo que terminan siendo los diputados locales quienes designan cuánto dinero manejarán los consejos locales.
Veracruz es la entidad que más dinero asignó a su organismo, con mil 100 millones de pesos. Le sigue Nuevo León, con 844 millones; Puebla, con 688; Guanajuato, con 630, y Durango, con 573 millones.
Varios de esos estados poseen los padrones electorales más robustos del país, como Veracruz, con cinco millones 820 mil; Guanajuato, con cuatro millones 426 mil, y Puebla, con cuatro millones 555 mil. Sin embargo, de estos cinco órganos, dos no poseen un gran número de electores como es el caso de Durango y Nuevo León, donde el padrón se conforma por un millón 303 mil y dos millones 765 mil personas.
En contraste, hay órganos con recursos reducidos. Destaca el caso de Morelos: hasta el momento es el que menos dinero tiene a nivel nacional, 55 millones, pese a que este año elige gobernador, diputados locales y alcaldes.
Hace unas semanas, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) se declararon en crisis financiera para organizar la jornada electoral y atender los conflictos posteriores, pues consideraron que el monto es insuficiente.
En marzo, el Impepac pidió al gobierno estatal liberar la ampliación presupuestal que solicitó desde diciembre del año pasado por 121 millones de pesos. Su aprobación aún es incierta. Aunque hasta el momento les dieron dos ministraciones de 10 millones cada una.
A los presupuestos menores se suma Tlaxcala, con 75 millones de pesos; Baja California Sur, con 111 millones; Aguascalientes, con 144 millones, y Zacatecas, con 191 millones.
Las observaciones
Según Hernández Mecalco, los procesos electorales en México resultan caros en comparación con otros países de América Latina, como Brasil y Chile. Inversión que no garantiza una adecuada rendición de cuentas, elemento sustancial en un ejercicio democrático.
Como muestra de los anterior, de los 28 órganos, al menos ocho han presentado, desde 2014, observaciones ante la Auditoría Superior de sus estados por diversas irregularidades. Se trata de Baja California Sur, Campeche, Durango Michoacán, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca y Tabasco; algunos de ellos han logrado subsanarlas.
Resalta el caso de Michoacán, pues de acuerdo a la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, el Consejo del órgano electoral autorizó pagos irregulares a sus integrantes a manera de compensaciones. El monto observado por la auditoría local fue de 45 millones 639 mil pesos, luego de que los consejeros, quienes aprueban sus propios sueldos, se hicieran pagos en autoliquidaciones, recursos adicionales, adquisición de parque vehícular sin licitar y pagos a representantes de partidos políticos como si fueran empleados del instituto.
Tan sólo el consejero presidente, Ramón Hernández, se autoliquidó con cerca de medio millón de pesos por haber ocupado ese cargo en 2013. Los cuestionamientos fueron motivo de que el titular del órgano fiscalizador, José Luis López Salgado, fuera denunciado ante el Poder Legislativo, donde enfrenta un juicio político interpuesto por el consejero, al considerar que ventiló información reservada.
En 2014, la Auditoría Superior de Oaxaca encontró que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad realizó pagos improcedentes a personas vinculadas a partidos políticos con los que no se tenía ningún tipo de relación laboral. Aunado a ello, hizo pagos “en exceso” a consejeros electorales y funcionarios del instituto. El monto observado fue cercano a los 4 millones de pesos.
En Hidalgo se hicieron 12 observaciones para la fiscalización de 2016, una de ellas por pagos indebidos. La cifra total vigente es de 501 mil 992 pesos, los cuales están en proceso de ser solventados. En Nuevo León, la revisión de la Cuenta Pública de 2015 determinó que los consejeros debían devolver un bono de 377 mil pesos por concepto de horas extra, “porque además de irregular era excesivo”.
Otro órgano señalado es el de Tabasco, donde el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) observó la cuenta pública de 2016 por el pago de finiquitos fuera de la ley, que ascendieron a 12 millones de pesos. Otros estados, como Baja California y Campeche lograron subsanar sus observaciones de 2016.
Vínculos partidistas
En al menos 10 organismos, los consejeros locales han sido señalados por ser cercanos —en diferente medida— a algunos partidos políticos, desde simpatía o afinidad, hasta haber sido militantes y ex funcionarios. Esto ha ocurrido en Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas, Tlaxcala.
Uno de los casos que destaca es el del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), acusado por partidos opositores al PRI de ser un árbitro electoral servil al gobierno. Para muestra, la consejera presidenta, Gabriela María de León Farías, fue acusada por tener preferencia hacia el tricolor, al haber utilizado su cuenta de Twitter para demostrar su simpatía con funcionarios o candidatos de ese partido.
El año pasado, la funcionaria le dio “me gusta” a una publicación del entonces candidato da la alcaldía de Saltillo, Manolo Jiménez. Dijo en su momento que fue hackeada. En otra ocasión mostró apoyo a Teresa Guajardo, candidata a diputada local.
Además, el consejero Alejandro González también fue señalado de ser afín al PRI. En 2016 salieron a la luz supuestos e mensajes de texto entre el consejero y el presidente de la Fundación Colosio del PRI, David Aguillón, donde González Estrada aseguraba que defendería a toda costa a ese instituto político. El consejero siempre negó que se tratara de él.
En febrero de 2016, el Consejo General del INE removió a tres consejeros de Chiapas, mientras que el 11 de mayo de ese año el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó la destitución del resto.
Se les responsabilizó por una serie de irregulares en los comicios de 2015, entre ellas no haber garantizado el principio de paridad de género e incluir en la lista nominal de ciudadanos chiapanecos en el extranjero a ciudadanos que no habían salido del estado ni son residentes en el exterior. Con información de Justino Miranda, Francisco Rodríguez, Leobardo Pérez y Carlos Arrieta.
Con información de: El Universal
