Ciudad de México.- La interceptación de conversaciones telefónicas entre jefes del grupo criminal Guerreros Unidos en Chicago y sus cómplices en Iguala que realizaron agencias estadunidenses, como la DEA, confirmó que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no fue un crimen de Estado.
Esta información proporcionada por el gobierno de EU a la Procuraduría General de la República (PGR) revela, además, que el Ejército no tuvo implicación alguna en estos hechos, afirmó el general Alejandro Ramos Flores, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó Milenio.
Del caso Tlatlaya, en el que se acusó a militares de haber perpetrado ejecuciones extrajudiciales luego de un enfrentamiento con delincuentes en junio de 2014, manifestó que éstos se encuentran libres tras haber sido exonerados por la justicia civil, por lo que se debe presumir su inocencia hasta que no haya una decisión judicial que establezca lo contrario.
Al respecto, el teniente coronel Virgilio Hernández Rodríguez, subdirector de Asuntos Internacionales de la Dirección de Derechos Humanos de la Sedena, puntualizó que todavía están en curso acciones legales y amparos sobre el tema.
En entrevista con Carlos Marín para El Asalto a la Razón en MILENIO Televisión, ambos militares negaron que las fuerzas armadas hayan sido omisas durante los acontecimientos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Incluso, resaltaron que se brindó protección y auxilio a estudiantes que se resguardaron en una clínica, se realizaron labores de búsqueda de las víctimas y se apoyó a familiares.
—¿Qué le dicen al Ejército la revelación de las grabaciones telefónicas entre Guerreros Unidos de Chicago y de Iguala? —preguntó el periodista.
—Estas intervenciones telefónicas derivan de una investigación distinta que llevaban a cabo las autoridades de Estados Unidos cumpliendo con los requisitos formales que su legislación les exigía, bajo una autorización judicial para llevar a cabo la intervención.
Eso es importantísimo porque habla de la autenticidad y del rigor metodológico con el que se llevan a cabo estas intervenciones, lo que nos da mayor confianza y certeza de lo que ahí se refleja, pues corrobora quien está detrás de toda esta lamentable situación es el grupo criminal Guerreros Unidos.
Y que este grupo criminal es el que con el apoyo de algunos servidores públicos de policía municipal llevan a cabo estos lamentables hechos —comentó Ramos Flores.
El general señaló que estas conversaciones confirman que no hubo crimen de Estado en el caso de los normalistas y que no existió implicación de personal del 27 Batallón de Infantería.
—¿Qué intervención ha tenido la Dirección de Derechos Humanos del Ejército en el caso Iguala?
—La Sedena, desde el inicio de estos hechos, el día 27, atendió a padres de los normalistas, familiares y estudiantes de la propia Normal. El Ministerio Público del fuero común de Guerrero, peritos y civiles ingresaron a las instalaciones del batallón, donde pudieron constatar de manera muy clara y contundente que dentro no se encontraba ninguna persona civil detenida ni retenida por algún motivo —indicó el teniente coronel.
La Sedena ha atendido todas las solicitudes de información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Fiscalía Especial para el Caso Iguala de la PGR.
Carlos Marín preguntó al director Jurídico de la Sedena a qué se debe que se insista en un crimen de Estado.
“No hay un solo indicio que refiera haber visto o haber oído o algún comentario respecto a que esa noche hubiera ocurrido algo en el cuartel, que hubiesen llegado los estudiantes.
“Lo que sí se advierte de las conversaciones… es que hay una serie de acciones que se ordenan desde Chicago”, puntualizó.
