Morelia, Michoacán.- Esta mañana la defensora de derechos humanos Circe López Riofrío fue vinculada a proceso por la acusación de daños al honor que interpuso en su contra un docente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Boris G. C., cuya defensa intentó sin éxito conseguir medidas restrictivas hacia la activista, quien formó parte del grupo de trabajo que impulsó la Alerta de Violencia de Género en Michoacán.
La decisión sienta un mal precedente para la libertad de expresión y la defensa de los derechos de las mujeres, aseguró la abogada de López Riofrío, toda vez que el caso se remonta a un episodio ocurrido el 22 de octubre de 2015 en el que la activista informó al Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que existían dos quejas de acoso sexual en contra de Boris, quien entonces formaba parte del Grupo de Trabajo, pero renunciaría poco tiempo después.
La defensa del docente consideró que el honor y reputación de su cliente fue afectada a raíz de que la activista hiciera del conocimiento del Grupo de Trabajo aquella información. Presentó además en el transcurso de la audiencia un peritaje de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en el que se señala daño psicológico, “mismo que se manifiesta a través del enojo, zozobra, frustración, alteración del sueño y falta de apetito”.
La defensa de la titular de Humanas Sin Violencia, quien se reservó su derecho a declarar, justificó que la activista no actúo con dolo, sino en el afán de advertir la situación como solicitante de la Alerta de Violencia de Género. Subrayó que la información que se entregó en su momento llevaba la firma de 15 personas. La abogada insistió en varias ocasiones en sus argumentos que la decisión significa un mal precedente de ‘ley mordaza’ para quien informe sobre presuntos hechos constitutivos de delito.
El juez determinó que ambas partes divagaron del tema central de la audiencia, que eran los probables hechos constitutivos de daños al honor, y señaló que la defensa de los derechos humanos no puede vulnerar la dignidad humana. Manifestó que “lo correcto” hubiera sido hacer llegar esa información directamente a la Secretaría Técnica sin darla a conocer al grupo de personas reunidas aquel 22 de enero de 2015.
Por lo anterior, el juez determinó que existían elementos para vincular a proceso a quien el año pasado recibiera la Presea Eréndira por su activismo en favor de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Dictaminó el juzgador un periodo de dos meses para realizar la investigación y desahogar pruebas y testimonios e invitó a las partes a encontrar una solución alterna que evite que vaya más allá el proceso penal.
