El caso de la CNTE se ha convertido en un problema para la seguridad de los estados en los que mantiene la representatividad de la mayoría del magisterio, entre ellos Michoacán, pues además de la corrupción con la que se conduce, se trata de uno de los grupos políticos más violentos y radicales del país.
La red de intereses que convergen en torno de la Coordinadora es gigantesca y extraordinariamente cuantiosa en términos de recursos, ganancias para sus dirigentes, prebendas y capacidad para movilizar contingentes listos para la confrontación, ya sea del magisterio, ya sea de los normalistas, además de los apoyos que reciben de algunos sectores de la izquierda más extremista.
El problema se agrava porque los maestros ven a la dirigencia de la CNTE como sus verdaderos patrones, a los cuales deben sus plazas, salarios y prestaciones; los normalistas, sus futuros empleados, se convierten en tanto en una inagotable fuente de presión para las instituciones, convertidos —cuando la coyuntura lo exige— en grupos de choque listos para la desestabilización.
Así creció la CNTE, que a partir del control corporativo de los trabajadores del sector educativo, la corrupción de sus líderes y la violencia que pueden generar, tejieron una red de complicidades de lista interminable.
Todo en nombre de la educación y a costa de un sistema educativo que se quedó preso, rehén de esos intereses que se confabularon.
Lo anterior se desprende de la lectura del informe que ayer dio a conocer el secretario de Gobierno de Michoacán, Adrián López Solís, sobre los millonarios pagos y apoyos extraordinarios que han recibido maestros y normalistas entre 2016 y 2017.
Se trata de 2 mil 503 millones de pesos que se les han distribuido en 24 meses, además de sus salarios y aguinaldos. Esto es, más de 104 millones de pesos mensuales en bonos que arrancaron de pasadas administraciones estatales a través de la presión, tomas de edificios públicos, bloqueo de carreteras y suspensión de clases.
Así es, adivino usted bien: se les gratificó entonces por no trabajar y por provocar situaciones de violencia. Lo absurdo de lo absurdo: en las mentadas minutas que se firmaron para asegurar el pago de sus bonos, nunca, ninguna autoridad les exigió trabajar y desquitar las prestaciones ganadas.
Bono por bono, transa por transa
El círculo vicioso, siniestro de muchas formas, se cerró. Y fueron tantas concesiones a los centistas que sólo faltó otorgarles bonos por carreteras bloqueadas, vehículos incendiados, tomas de oficinas de gobierno y faltas al salón de clases. A un tris estuvieron de fírmalo así… no, es broma.
Veamos:
La carga que los gobiernos de Leonel Godoy y Fausto Vallejo heredaron, ha obligado a la actual administración estatal destinar al magisterio y normalistas 2 mil 503 millones de pesos en tan solo dos años. Como decíamos, se trata de recursos adicionales a sus salarios.
De esa cantidad, mil 750 millones de pesos corresponden al pago de 50 bonos que se les concedieron, en el colmo, sin haber el soporte financiero.
Vamos a la danza de los millones: 680 millones de pesos de retroactivos a personal regularizado.
Otros 70 millones de pesos a normalistas, a quienes además se les consintió con alojamiento, alimentación y becas.
Viene más: Por concepto de “estímulos” a los maestros, 6 millones 400 mil pesos.
128.3 millones de pesos por bonos de “apoyo a la economía familiar” y “estímulos a la superación educativa”.
También 113 millones 400 mil pesos por concepto de “compensación nacional única”.
Por el Día del Maestro, el sindicato magisterial cobró en estos dos años 75 millones 100 mil pesos.
Hubo además que pagar bonos por 93 millones 100 mil pesos como “Apoyo a la Despensa” y por concepto de “bono al ajuste”, otros 109 millones 900 mil pesos.
Lo que sigue es un atentado al sentido común: “bono por iniciar el ciclo escolar” por la cantidad de 28 millones 700 mil pesos.
Siguen más “bonos”, a diestra y siniestra: 90 millones 900 mil pesos por “recuperación salarial”; 76 millones 300 mil pesos como “estímulo por actividad Educativa”; 8 millones 600 mil pesos a “la labor de apoyo y asistencia”.
No podían faltar el “bono navideño”, por 30 millones 400 mil pesos y el de “ajuste al calendario” por 45 millones de pesos más.
Ahí están los números y los antecedentes, irrefutables.
La CNTE quedó al desnudo. Y lo que deja ver no es nada bueno para el estado.
Aquí se queda… ¡aquí entre nos!
