En ninguna parte del mundo se permitiría que servidores públicos, como es el caso de los maestros, vandalizaran y atentaran contra el resto de la ciudadanía dañando edificios públicos e incluso inmuebles privados, despojando vehículos para quemarlos y obstruyendo las vías generales de comunicación.
Ese tipo de manifestaciones nada, absolutamente nada tienen que ver con el derecho a la organización sindical, al paro de labores o a la huelga; nada tienen que ver con la libre expresión y el derecho a la manifestación política, y resultan antagónicos al calificativo “democrático” que alguna organización se quiera adjudicar.
Toda esa violencia que suelen protagonizar en México los maestros adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) debe denunciarse y sancionarse, aún si fuera el caso de una justa demanda laboral. Sus derechos no están por encima de los demás.
Esa condición y sus variables, sin embargo, no se cumplen. No al menos en Michoacán, donde las violentos movilizaciones de la Coordinadora en los últimos días escapan a la lógica sindical. Los dirigentes están para llevar la representación de sus agremiados y la defensa y salvaguarda de sus intereses y condiciones de trabajo, no para ponerlos en riesgo ni atentar contra su propia seguridad.
Todo lo anterior debe insistirse porque, en el caso de Michoacán, adicionales a sus prestaciones y salarios, la CNTE ha recibido 2 mil 503 millones de pesos entre los años 2016 y 2017.
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En cifras reconocidas y aceptadas por todos, incluyendo los propios dirigentes centistas, los conceptos cubiertos con esos millonarios recursos se han distribuido de la siguiente manera:
Mil 750 millones de pesos corresponden a “bonos exclusivos” que la CNTE obtuvo, mediante minutas firmadas -bajo presión de marchas, bloqueos, tomas de edificios públicos y suspensión de clases- con gobiernos anteriores.
Otros 680 millones de pesos corresponden a “retroactivos”; 70 millones de pesos más en “apoyos para normalistas”, y 6.4 millones de pesos en “estímulos magisteriales”.
¿Y entonces? Si todo eso se ha pagado y además están en curso pláticas y negociaciones para calendarizar más pagos y atender demandas que tienen que ver con las condiciones de trabajo en escuelas, ¿qué buscan realmente los centistas?
Esos más de 2 mil 500 millones de pesos que se les han “pagado” parecen tirados a la basura, porque a final de cuentas no sólo no cumplen con su trabajo, sino que radicalizan sus acciones y escalan los niveles de violencia.
Con todo este contexto, no queda más que concluir que lo que buscan los dirigentes de la CNTE es un trato de excepción y volver a escenarios que, ya vimos, en nada benefician a los michoacanos.
Porque el “control” del sistema escolar que por años se le cedió a la Coordinadora provocó el desastre en lo que verdaderamente está en juego y debiera conjugar a la defensa de todos: la calidad educación pública.
Han sido, pues, recursos y ciclos escolares perdidos. Ni más ni menos.
Aquí se queda… ¡aquí entre nos!
