Morelia, Michoacán.- En una reunión de comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, la tercera en esta semana luego de que no se reuniera el quórum en dos ocasiones, procedió el “ha lugar” de la denuncia por juicio político que interpuso el Centro Michoacano de Evaluación (Cemide).
La determinación se dio en la fecha límite para ello y con la ausencia de los legisladores de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
A la cita acudieron los priistas Mario Armando Mendoza, Rosa María de la Torre Torres, los panistas Miguel Ángel Villegas Soto y Andrea Villanueva Cano, y la petista Mary Carmen Bernal Martínez.
Con el “ha lugar” lo que se dictamina es que hay elementos para iniciar un juicio político contra el auditor, pero aún falta que el documento sea aprobado por el Pleno del Poder Legislativo, y aun así todavía restaría un largo proceso para que el titular de la Auditoría Superior de Michoacán, José Luis López Salgado, pueda responder a las acusaciones.
Cabe recordar que entre las irregularidades que refiere el expediente que la Cemide presentó para solicitar el juicio político, están las reiterativas entregas extemporáneas de informes hasta con 47 días de retraso y proporcionar información, como propia, que ya había socializado la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) sobre un crédito simple contratado con Grupo Financiero Multiva por la cantidad de mil 340 millones de pesos del que se le pedía el detalle de su aplicación.
Al auditor se le acusa de no realizar su trabajo de comprobar que efectivamente los datos que proporcionaba la SFA fueran correctos y de obstruir la transparencia de información respecto al uso del recurso que además incluye 38 millones 860 mil pesos por concepto de asesoría de Banco Multiva, un millón 700 mil por asesoría legal a cargo de Chaudboume and Parke SC, otros 4 millones 141 mil 328.53 pesos por concepto de asesoría legal ahora por parte Gaxiola, Balbo, Sobrinos y Asociados, así como otros 9 millones 326 mil 400 pesos por la asesoría legal de Causa Capital Asociados.
Cemide manifiesta la duda de que el importe por las asesorías legales sea acorde con un cobro justo y si se encuentran justificados en volumen y en monto.
Además, en el informe de la SFA se siga como “accesorios” lo que en realidad fueron gastos de asesoría. Se trata de un monto de 86 millones 751 mil 547.57 pesos la suma de los honorarios por diferentes asesorías, de acuerdo a Cemide.
Esos, entre otros señalamientos de presuntos incumplimientos y omisiones son con los que el Cemide busca llevar a juicio político al auditor superior, esto si el Pleno apoya el dictamen que avanzó este domingo en comisiones legislativas.
