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Morelia, Michoacán.- Luego del intento de asesinato de José Iván Orozco Medina, la Organización de Familiares de Desaparecidos Caminando Juntos por la Justicia emitió una misiva dirigida a distintas autoridades ejecutivas de procuración de justicia y de derechos humanos locales, nacionales e internacionales en la que piden garantías para el agredido y sus familiares, quien ya sufrió la desaparición de su padre y de dos hermanos y ahora se debate entre la vida y la muerte.

El atentado ocurrió el jueves a las 21:00 horas

José Iván se trasladaba sobre la carretera San Francisco-Nuevo Zirosto, cuando un grupo de hombres armados le dispararon con armas largas que lo mantienen en terapia intensiva. Orozco Medina fue detenido de forma arbitraria en 2007 por elementos del Ejército pero resultó absuelto en 2012 por el Juez Segundo de Distrito de Uruapan. Las desapariciones de sus hermanos y su padre se dieron en 2007, 2009 y 2012.

La organización denuncia la presencia de grupos paramilitares en la región donde ocurrió el atentado y señalan que tanto militares como civiles armados acudían al domicilio de José Iván con el fin de intimidarle y que así evitara la búsqueda de sus familiares desaparecidos y también que se desplazara a las huertas de aguacate, propiedad de su familia.

Ante ello, la organización Caminando por la Justicia solicita la activación de los protocolos de seguridad que garanticen la integridad física y psicológica de Orozco Medina y sus familiares, así como de los integrantes de la Organización.

Piden expresamente en la misiva la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) pero el documento va dirigido al presidente de la República, al secretario de Gobernación, al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, al gobernador del estado, al secretario de Gobierno estatal, al procurador de Justicia, al presidente municipal de Morelia, donde tiene su sede de la organización, a los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos estatal y nacional, así como al alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la titular de Amnistía Internacional México.

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