Morelia, Michoacán.- El abogado Mauricio Reyes Guerra presentará denuncia penal en contra de tres integrantes de la Junta Especial Número 1 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) y tres personas externas involucradas por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de fraude procesal por simulación de acto judicial o los delitos que se estimen comprobados.
El abogado, quien representa a José Luis Baltazar Vega y a Nora Dimas Jacobo, denuncia que existe una red de corrupción al interior de la JLCA que pretende despojar de una propiedad con un valor de alrededor de 800 mil pesos a los en principio acusados ahora denunciantes.
El caso se remonta a trabajos de albañilería realizados por Ismael Gutiérrez Romero, quien promovió el juicio laboral número 1B-940/2014, a través de su apoderado jurídico, Mariano Barojas Rodríguez.
De acuerdo al abogado Reyes Guerra, su defendido realizó un pago de 33 mil pesos a Gutiérrez Romero por trabajos de albañilería realizados en el año 2014. El abogado asegura que se cubrieron los servicios prestados por el albañil, sin embargo este promovió el recurso legal donde se han presentado una serie de irregularidades que, a su juicio, evidencían una red de corrupción al interior de la JLCA para el despojo de propiedades y en este caso su cliente se convirtió en afectado.
Las irregularidades, de acuerdo a los documentos presentados, comienzan cuando la Junta acordó irregularmente que la demanda laboral estaba firmada por Mariano Barojas, cuando la única suscriptora fue Yesica Arisbet Jiménez Jiménez, como se advierte en el original del cuaderno laboral, con lo que se viola el Artículo 686 de la Ley Federal del Trabajo que señala que se debe corregir cualquier irregularidad en la sustanciación del proceso.
Entre la serie de irregularidades que esgrimió Reyes Guerra, con documentos en mano, fue que quien recibió las notificaciones, José Padilla Alegre, no tiene relación alguna con Baltazar Vega y lo hizo en un domicilio inexistente, Durango 329 colonia Molino de Parras, tal como se comprueba con un documento con folio DMU-245/2017 firmado por el director de Movilidad Urbana de Morelia, Luis Felipe Espinosa Loya.
De una demanda por 33 mil pesos, finalmente se le impuso un laudo por 394 mil pesos además de que se le embargó el inmueble con valor de 800 mil pesos. En razón de ello y considerando que se ha actuado sistemáticamente de mala fe por parte de la JLCA, el abogado Reyes Guerra adelantó que hoy mismo presentará denuncia penal en contra de Berenice Cardona Acosta, presidente de la Junta Especial Número 1 de la JLCA, María Guadalupe Cortés Vargas y Mariana Aldama Leal, auxiliar y actuaria de la misma Junta Especial No 1.
La denuncia también va en contra del promovente, Ismael Gutiérrez Romero, Mariano Barojas Rodríguez, apoderado legal, y José Padilla Alegre, quien habría simulado recibir las notificaciones sin que el acusado se diera por enterado hasta muy avanzado el recurso legal.
