Morelia, Michoacán.- Con la Ley de Seguridad Interior se asegura que no habría violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas a ciudadanos, y a la vez se dota de un marco legal para el actuar de militares en los trabajos de seguridad pública en las entidades, aseguró Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En entrevista, el funcionario federal mencionó que la ley no implica una violación de facto de los derechos humanos, sino da un marco legal a los militares y marines para hacer tareas de seguridad pública.
“Con esta ley está a discusión si se puede tener fuerza legal de fuerzas armadas; estoy convencido de que tener presencia legal en marco de respeto de derechos humanos es algo que se debe construir, la ley se debe construir desde diversas propuestas”, consideró,
En tanto, Campa Cifrián dijo que las fuerzas armadas han participado en hechos inéditos para el restablecimiento del orden público, sin embargo, la legislación dará la pauta de cómo, en base a qué y determinar cuánto tiempo los militares harán presencia en un territorio determinado (la ley prevé que no sea más de un año).
Además, el subsecretario de Derechos Humanos del país dijo que desde el 2006 a la fecha, lo que se ha tenido es presencia de fuerzas armadas “con criterios discrecionales”, por ende, la implementación de una ley que regule su accionar, es prudente.
Finalmente, el funcionario federal comentó que la ley prohíbe expresamente la intervención de fuerzas militares en manifestaciones y protestas pacíficas que guarden el principio de proporcionalidad, con el cual se legitima el “uso legítimo de la fuerza”.
Cabe recordar que bajo la consideración de Gumesindo García Morelos, especialista en constitucionalismo de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de hidalgo (UMSNH), la Ley de Seguridad Interior que se discute en el Congreso de la Unión, tiene tintes claros de inconstitucionalidad y sería violatoria al menos de cuatro artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber el 16, el 29, el 89 y el 119, además de violentar acuerdos internacionales del respeto a los derechos humanos firmados con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El pasado 30 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad interior, la cual está en análisis en el Senado de la República.
El tema ha causado encuentros con la sociedad civil; algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos argumentan que la ley multicitada volaría derechos humanos consagrados en tratados internacionales.
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