Bruselas, Bélgica.- El próximo 14 de diciembre la justicia belga decidirá sobre la extradición del presidente catalán cesado Carles Puigdemont y del resto de ex consejeros presentes en Bélgica, anunciaron sus abogados, al término de una vista en la que la fiscalía apoyó la entrega a España.
“El juez emitirá su decisión el 14 de diciembre”, indicó Christophe Marchand, abogado defensor de dos de los ex consejeros, en una rueda de prensa junto al resto de letrados de la defensa en las escaleras del imponente Palacio de Justicia de Bruselas.
Puigdemont, así como Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí, están acusados en España de cinco delitos, entre ellos rebelión y sedición, por alentar un “movimiento de insurrección activa” para lograr la independencia unilateral de Cataluña, informó El Universal.
El fiscal “pidió la ejecución del mandato de detención” emitido por la justicia española a principios de noviembre, precisó Marchand. Los abogados de la defensa consideran, en cambio, que en España se enfrentarían a un ‘juicio político’ por lo que rechazan la extradición.
“Si son extraditados (…), correrían el riesgo de una violación de derechos fundamentales. Es otra razón para rechazar la extradición”, agregó Marchand, para quien, además, los “hechos reprochados al gobierno catalán no son punibles en Bélgica”.
En la primera audiencia celebrada el 17 de noviembre, la fiscalía de Bruselas ya apoyó una ejecución “parcial” de la euroorden, pero estimó que los hechos no son constitutivos de un delito de corrupción como se apuntaba, indicaron entonces los abogados defensores.
Además de exponer los diferentes delitos en la petición de entrega, la jueza española Carmen Lamela marcó únicamente una casilla de la lista de 32 delitos acordados entre los países de la Unión Europea para acelerar los trámites de extradición: corrupción.
En caso de aceptarse la extradición, Puigdemont y sus cuatro ex consejeros podrían recurrir hasta en dos ocasiones en Bélgica.
La decisión llega horas antes del inicio de la campaña electoral anticipada en Cataluña, región que el gobierno español tomó bajo su control tras cesar al ejecutivo de Puigdemont después de la proclamación unilateral de independencia el 27 de octubre.
Horas antes, la justicia española decidió mantener en prisión a dos exconsejeros y a dos líderes independentistas, mientras decretó la libertad bajo fianza para otros seis miembros del gobierno catalán cesado.
