Manila, Filipinas.- La policía de Papúa Nueva Guinea intentó desalojar hoy por la fuerza a los alrededor de 420 refugiados y solicitantes de asilo que permanecen ilegalmente desde hace tres semanas en un centro clausurado para inmigrantes que gestionaba Australia en la isla de Manus.
Durante la jornada, los agentes destruyeron las propiedades y alimentos de los atrincherados, requisaron varios de sus teléfonos y arrestaron a alguno de los refugiados con más contactos con el exterior. Aunque al final del día unas 40 personas fueron expulsadas y trasladadas a otros puntos en autobuses, más de 300 permanecen todavía en el interior de un campo que se niegan a abandonar por miedo a sufrir ataques por parte de la población local.
El refugiado y periodista kurdoiraní Behrouz Boochani, portavoz oficioso de los inmigrantes que regularmente ha informado de la situación que allí se vive a diferentes medios internacionales, fue detenido por razones desconocidas antes de que comenzaran las expulsiones. Su arresto, que duró más de dos horas antes de ser liberado sin cargos, fue calificado como un “atroz ataque a la libertad de prensa” por parte del sindicato de periodismo de Australia.
Según los refugiados, la Policía y los funcionarios de Inmigración de Papúa ingresaron en el centro con palos y cuchillos. “Tenían un micrófono realmente grande en sus manos y comenzaron a decirle a la gente que tenía que moverse. Están cogiendo todos los teléfonos, destruyendo todas las habitaciones y pertenencias”, declaró el refugiado sudanés, Abdul Aziz Adam, a la cadena BBC.
Varios vídeos publicados más tarde muestran a los uniformados volcando muebles, pisando comida y destrozando pozos de agua tirando basura en ellos. Otras imágenes muestran a varios de los detenidos durante la jornada cantando brazos en alto “Derechos humanos, ayudadnos, nos quieren matar”.
Controvertida política migratoria de Australia
En 2012, Australia reactivó su controvertida política para la tramitación en terceros países de las solicitudes de asilo de los inmigrantes que viajan al país ilegalmente y acordó la apertura de centros de detención en Papúa Nueva Guinea y en la isla de Nauru, unos lugares donde las condiciones de vida fueron catalogadas de “inhumanas” por la ONU y los grupos de derechos humanos. Muchos de estos internos huyeron de conflictos como los de Afganistán, Sudán, Pakistán o Somalia o pertenecen a minorías perseguidas como los rohingya de Birmania o los bidún, de la región del Golfo.
En abril del año pasado, el Tribunal Supremo papú declaró ilegal el centro de la isla de Manus, por lo que el 31 de octubre se decretó su cierre final y se procedió a cortar los suministros de agua, comida y atención sanitaria. Las autoridades locales han ofrecido a los inmigrantes ser realojados en otros lugares de acogida situados en Lorengau, la ciudad principal de la isla, pero estos se niegan por temor a ser atacados por los lugareños -algo que ya ha sucedido en otras ocasiones- a la vez que piden una solución para sus casos después de cuatro años y medio de detención.
Australia arremete contra los refugiados
En Australia, el gobierno no quiso asumir ninguna responsabilidad por el operativo de hoy, declarando que estaba dirigida por las autoridades papúes. Sin embargo, el ministro de Inmigración, Peter Dutton, arremetió contra los refugiados acusándolos de destrozar el centro y “vivir en la miseria” mientras se niegan a mudarse a las nuevas instalaciones por las que “los contribuyentes australianos han pagado alrededor de 10 millones de dólares”.
El primer ministro del país, Malcolm Turnbull, secundó a su ministro. “Deberían obedecer la ley y a las autoridades de Papúa Nueva Guinea. Hay instalaciones alternativas que se han puesto a su disposición con alimentos, agua, seguridad y servicios médicos”. Sin embargo, esos alojamientos alternativos han sido repetidamente desacreditados por observadores independientes -incluído Naciones Unidas- y se han publicado vídeos y fotografías de tazas de váter bloqueadas, baños sin agua y edificios a medio construir.
Turnbull también insistió en la idea de que aquellos que se niegan a marcharse del centro esperan que sus acciones fuercen a su gobierno a llevarlos finalmente a Australia. “No seremos presionados”, dijo al respecto. “Nuestra seguridad fronteriza y la integridad de nuestras fronteras es mantenida por mi gobierno y no externalizaremos nuetra política migratoria a contrabandistas de personas”.
De esta manera, Canberra se aferra a su postura de no permitir que ninguna de esas personas se instale en Australia bajo el argumento de que eso provocaría un crecimiento en el tráfico de personas y que haya más muertes en el mar.
En la actualidad, los refugiados pueden optar por un reasentamiento permanente en Papúa Nueva Guinea, por solicitar su residencia en Camboya o por pedir una transferencia a Nauru, unas vías por las que pocos de ellos han apostado.
Estados Unidos ha acordado acoger a unos 1.250 de los refugiados de Manus y Nauru en virtud de un acuerdo de reasentamiento, aunque puede que finalmente esa cifra se vea reducida. Por su parte, Nueva Zelanda se ofreció hace poco a alojar a 150 de los instalados en Manus, pero Canberra rechazó la propuesta argumentando que podría dar pie a que esta solución se convierta en una “puerta trasera” para Australia.
Fuente: El Mundo
