Eduardo Pérez Arroyo

Morelia, Michoacán.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo habría operado de la mano con la federación para desviar recursos por un monto cercano a los 10 millones de pesos en 2016. Así se desprende de un informe periodístico basado en documentos oficiales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), publicado por el portal Animal Político en septiembre de este año y reflotado en días recientes por varios medios de comunicación.

La historia, que involucra en hechos similares a otras 10 universidades estatales del país, inició cuando la Comisión Nacional del Agua contrató a la UMSNH para prestar ciertos servicios que requerían una alta calificación técnica. Pero la UMSNH no realizó los trabajos. Es más: nunca tuvo la capacidad para realizarlos.

Con esos datos, los medios apuntan directamente a una triangulación financiera operada desde la Federación con la complicidad de las instituciones educativas, entre ellas la Universidad Michoacana.

Los documentos oficiales de la ASF confirman la existencia de varias irregularidades. Destacan entre ellas que la UMSNH subcontrató empresas fantasma, que sus autoridades sabían desde un inicio que la institución no tenía capacidad técnica para cumplir los contratos y que, a la hora de las explicaciones, se hizo todo lo posible por ocultar la información. En total, se habla de un monto de más de 10 millones de pesos que hoy están desaparecidos.

Desde la trinchera universitaria, en tanto, se afirma que hay intereses internos y externos que buscan desestabilizar la figura del rector, y hacen hincapié en que una investigación que se publicó hace varias semanas haya sido de pronto reflotada por periodistas como Carmen Aristegui y Ernesto Villanueva, y por medios como Cambio de Michoacán y La Jornada. Se dice, incluso, que había una carta aclaratoria dirigida a Carmen Aristegui, que de última hora se decidió no enviar.

Los datos de la ASF

Un informe de la Auditoría Superior, publicado en febrero de 2016, expone los convenios signados entre la Comisión Nacional del Agua y la Universidad Michoacana.

El último de estos convenios, con número 001/2016, fue firmado el 1 de abril de 2016 con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), por 11 millones de pesos. Un segundo contrato se firmó el 18 de abril de 2016 por 45 millones de pesos con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), y el 11 de octubre de 2016 formalizaron un convenio modificatorio por el incremento de los servicios a 1 millón de pesos con plazo de ejecución al 30 de diciembre de 2016. De tal manera, el monto total de lo contratado fue por 46 millones de pesos.

En primer término, la ASF reclama que el contrato no respetó los lineamientos legales:

“en el caso de las investigaciones de mercado de las adjudicaciones directas con la UANL y la UMSNH, se contó con tres y cuatro cotizaciones, respectivamente, y no procuraron considerar al menos cinco posibles proveedores tal como lo indica el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; con motivo de la auditoría, el titular del OCAVM, como mecanismo de control, emitió la circular núm. B00.801.01.-0053 del 29 de mayo de 2017 a fin de que las áreas que tiene adscritas, antes de la instrumentación de los procedimientos de contratación, identifiquen y coticen con al menos cinco posibles proveedores”.

El error, en este caso, es atribuible a la instancia encargada de contratar, que es la Comisión Nacional del Agua, y no la parte contratada, que es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Pero el asunto cambia cuando se habla del trabajo de la propia universidad. Para la ASF, la Michoacana no documentó tener la capacidad real para realizar los trabajos.

Asimismo, exhibe, los argumentos otorgados por la UMSNH son incompletos, confusos o inexactos:

“La UMSNH no proporcionó la documental que acredite que contó con la capacidad técnica para desarrollar los servicios contratados por la CONAGUA, sino únicamente señala, en su parte ‘técnica’, las licenciaturas y especialidades que imparte, y refiere que cuenta con académicos y estudiantes para prestar los servicios, sin indicar nombres, grados y áreas de conocimiento; en cuanto a la capacidad ‘material’, solamente informó que ‘cuenta con los procedimientos, formatos, papelería, equipo de cómputo, unidades vehiculares y demás infraestructura’; y por lo que se refiere a la parte ‘humana’, describe la misión de la universidad y de la licenciatura de derecho, la visión de la facultad de derecho y de ciencias sociales, la cantidad total de estudiantes y el porcentaje de demanda educativa que atiende”.

Respecto de la subcontratación, la Universidad directamente incumplió.

“(La universidad) manifiesta que no se requerirá de la contratación de terceros en un porcentaje mayor al cuarenta y nueve por ciento”. Sin embargo, “se constató que la UMSNH subcontrató a ocho empresas por un monto total de 10 millones de pesos que representa el 91.0% del total del contrato (11 millones de pesos), lo que se evidenció con 15 transferencias bancarias y 15 facturas electrónicas pagadas entre el 26 de junio de 2016 y 16 de enero de 2017”.

El documento expone los argumentos de la Universidad. Las autoridades esgrimieron que dichas subcontrataciones se debieron a motivos de fuerza mayor, en este caso, la huelga que el SUEUM mantuvo entre el 20 de mayo y el 26 de junio, y la toma de sus instalaciones por los aspirantes y rechazados por la universidad de la “Coordinadora de Universitarios en Lucha” del 25 de agosto al 2 de noviembre de 2016.

“Sin embargo, seis contrataciones se realizaron fuera de los dos periodos señalados; además la huelga se llevó a cabo a puertas abiertas, por lo que las adjudicaciones directas no están justificadas ni motivadas en el citado fundamento normativo”.

Otra irregularidad que expone la ASF es que la Universidad

“no llevó a cabo la investigación de mercado, razón por la cual no justificó cómo determinó que el monto a pagar a los prestadores de servicios, por un total de 10 millones de pesos cumple con los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia que acreditaran la procedencia de la excepción a la licitación pública”.

Finalmente,

“el contenido de los contratos fue deficiente ya que no se detalló de forma pormenorizada las actividades que realizarían cada una de las empresas ni el producto a entregar en virtud de que el objeto del contrato fue general e igual para las ocho empresas; tampoco se especificó la forma y plazo en que dichos productos se proporcionarían a la universidad, sino únicamente, en la cláusula sexta de los 15 contratos, se indicó la entrega de un ‘Reporte Final del Servicio’”.

El hecho más grave, sin embargo, estriba en que la Universidad Michoacana contrató a empresas fantasma para realizar los supuestos trabajos.

“De las cuatro empresas con estatus de ‘Activa’, tres de ellas no fueron localizadas en los domicilios fiscales señalados en las facturas, ni en los domicilios informados en la ‘Constancia de Situación Fiscal’. Respecto de la única empresa ‘Activa’ localizada en su domicilio fiscal, reporta que el 100.0% de sus actividades económicas sólo se concentra en tres de ellas: la de ‘Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la industria manufacturera’, ‘Comercio al por mayor de equipo y accesorios de cómputo’, y la de ‘Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para otros servicios y para actividades comerciales’, por lo que se infiere que la empresa no tiene experiencia en los servicios contratados por la UMSNH.

En conclusión, dice el informe,

“se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 10 millones 79 mil 239 pesos por la falta de evidencia documental de la recepción de los entregables derivados de la formalización de ocho contratos, y por la coincidencia de los textos de los manuales facturados por las ocho empresas con el contenido de diversas obras, libros y compilaciones editados y publicados en Chile y España en 1998, 2005, 2011 y 2013”.

La versión de los medios

De las notas y artículos surgidos sobre el tema, la versión del columnista Ernesto Villanueva parece ser la más radical.

“En ese contexto de corrupción e impunidad de la que el propio rector @MedardoSernaG ha sido presumible beneficiario, se pide que alguien se encargue de resolver sus necesidades de 850 millones de pesos. Es increíble hasta donde llega la falta mínima de ética pública y con todo desparpajo el rector ni sufre ni se acongoja al andar viendo quien le resuelve el problema por acciones al margen de la ley, como sí le consta a la ASF”, dice Villanueva en el portal de Aristegui Noticias.

La investigación de Animal Político, en tanto, abarca el tema a nivel nacional y básicamente exhibe un entramado generado por la Federación y destinado lisa y llanamente a desviar dinero del erario público. En uno de los capítulos del reportaje, se cita al propio Auditor Superior de la federación avalando que se está ante la presencia de un fraude.

“Sí, es un fraude”, dice Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación. Y los titulares de cada dependencia —agrega— son los responsables, aunque no hayan firmado los convenios que se emplearon para desviar los recursos públicos. Y añade: “es un claro acto de corrupción”.

Las noticias respecto del tema surgen en medio de rumore de la próxima salida del rector Medardo Serna. Hasta el momento de esta nota ni el rector ni alguna autoridad universitaria se ha pronunciado.

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