Morelia, Michoacán.- Eliminar el apostille de documentos oficiales y tener 260 mil vacantes de empleo (con sueldo de 4 a 10 mil pesos) son las medidas de la estrategia que tiene el Gobierno Federal para un eventual retorno de dreamers, informó Juan Carlos Mendoza, director de Mexicanos en el Exterior, aunque la realidad es que, aseguró, ellos no quieren regresar.
En entrevista, el funcionario federal señaló que la Secretaría de Educación Pública (SEP) eliminó el apostille de documentos oficiales para todos aquellos dreamers que lleguen a escuelas públicas del país, con la finalidad de que a su regreso inmediatamente sean integrados a un centro educativo.
“Quienes lleguen podrán inscribirse de inmediato en las escuelas, ya con el paso de semanas y meses podrán integrar todos los documentos que se requieran, pero por lo pronto, eso ya no es un obstáculo”, comunicó.
Dijo que en los diversos puntos de repatriación entre la frontera y la Ciudad de México hay módulos de dependencias federales, entre las que se encuentra Secretaría de Salud, la SEP y el Instituto Nacional Electoral (INE).
“Se les ayuda para la reinserción a través del programa ‘Somos Mexicanos’, pero la realidad es que ellos no quieren regresar”, comentó.
El funcionario federal reconoció que los dreamers regresarán a una realidad de un México con 50 millones pobres.
“Ellos no regresan a Inglaterra, sino a México, y no quieren hacerlo, pero si lo hacen serán bienvenidos”, aseguró.
Aparte de la medida de eliminar el apostille de documentos oficiales para la inserción escolar de los dreamers, la otra medida que tiene contemplada el Gobierno Federal para darles atención radica en las 260 mil vacantes que tiene el Servicio Nacional del Empleo (SNE), cuyos salarios se ofrecen entre 4 y 10 mil pesos mensuales.
Con todo, Carlos Mendoza descartó una posible deportación masiva, ya que Estados Unidos no tiene la capacidad para hacerlo; a lo más, dijo, podría ser una deportación gradual que requeriría de muchos años para realizarse, pero avizoró que a Donald Trump le quedan 2 años y medio al frente de la Presidencia y en esa marco temporal no alcanzará a concretar una deportación como la que anunció en su campaña proselitista.
