Morelia, Michoacán.- Las crisis que enfrenta el Sistema Penal Acusatorio se debe a que los legisladores no previeron la forma en que se iban a empatar los derechos humanos tanto de presuntos culpables, como de personas recluidas; hoy les asiste la razón y necesariamente tendrán que salir de la cárcel un gran número de ellos, explicó Jorge Álvarez Banderas, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
A raíz de la implementación del Sistema Penal Acusatorio, en los penales en todo el país se ha disminuido la población de cárceles, debido a que los presos tienen beneficios de enfrentar su proceso judicial en libertad; concretamente aquellos que cometieran delitos en robo: a persona, a casa habitación, de autopartes, con violencia o simple, así como de fraude, narcomenudeo, abuso sexual, tentativa de violación, tentativa de homicidio, al ser considerados como “delitos menores”.
Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (INEGI 2017) hay 211 mil reos en las cárceles del país, de los cuales, el 65 por ciento fue sentenciado a través del sistema penal tradicional y un 30 por ciento podría acceder al sistema penal acusatorio para obtener su libertad antes de cumplir su condena.
Al respecto, el académico nicolaita expuso que lo anterior representa una crisis temporal del Sistema Penal Acusatorio, la cual se irá resolviendo mientras se consolida la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Cabe recordar que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) presentó en agosto pasado ante la Secretaría de Gobernación una propuesta para ampliar el catálogo de delitos que requieren de prisión preventiva: robo a casa habitación, robo de combustibles, robo de vehículos, feminicidios o portación de armas de fuego; bajo la óptica de los mandatarios estatales el Sistema Penal Acusatorio provoca que muchos criminales no vayan a prisión o salgan libres, ya que es demasiado garantista.
No obstante, el también catedrático de la UMSNH, Gumesindo García Morelos ha señalado que aplicar una medida como lo planteado por la Conago, representaría una regresión constitucional en materia de derechos humanos internacionales y añadió que lo que se requiere es mayor capacitación a los aplicadores del Sistema Penal para que sepan cómo construir carpetas de investigación fuertes y los casos no se les caigan, permitiendo que los delincuentes salgan libres al revisar sus casos por un juez.
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