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La posibilidad de poner fin al financiamiento público a los partidos en México para destinar los recursos a la reconstrucción pasó de una proposición algo absurda a lograr la adhesiòn pùblica de todos los partidos. Sin embargo, a esta altura parece más un volador de luces que una propuesta seria: durante la última sesión del día martes 3 de octubre en San Lázaro los diputados del PRI exigieron a sus rivales renunciar al financiamiento, y los panistas perredistas y morenistas abandonaron la sesión. Nadie, finalmente, dijo una sola palabra sobre el fin al financiamiento. Mientras tanto académicos e intelectuales, contra la voz mayoritaria, advierten que dejar de financiar a los partidos es la antesala de la narcopolítica en México.

Aquí, un panorama general para comprender mejor la discusión que por estos días atraviesa al país.

PARTE 2 DE 2

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¿Cuánto debe costar la democracia?

Para comprender si el costo de la política mexicana es razonable conviene hacer un comparativo con otros países de la región.

En un documento público, el centro de estudios Sociales de la Cámara de Diputados asegura que los partidos políticos en América Latina enfrentan numerosas y grandes dificultades para reunir los recursos necesarios. Los partidos sufren la desconfianza y alejamiento de amplios sectores de la sociedad; estos factores —corrupción, desconfianza, alejamiento— tienen que ver con tres tendencias: campañas electorales cada vez más costosas; la disminución en las aportaciones económicas y el trabajo voluntario de los afiliados a los partidos y de la afiliación partidista en general; y la falta de mecanismos eficaces para controlar y supervisar el manejo de los recursos financieros por parte de candidatos y de partidos.

El problema, argumentan, es general.

Pero hay diferencias: en México la política es una de las actividades más remuneradas, accesibles y poco exigentes en el mercado laboral.

México es uno de los 11 países de América Latina que financia tanto campañas como el funcionamiento ordinario de  los partidos políticos, y a la vez uno de los 9 que otorga recursos de manera automática. La ecuación considera el 2% del total de votos válidos emitidos en alguna de las elecciones ordinarias para diputados, senadores o presidente de la República. Para los partidos nuevos, constituidos después de una elección, el piso es tener el registro legal.

¿Qué significa esto? Que, en la práctica, los partidos no necesitan votos para obtener financiamiento. Los recursos a los partidos se calculan con base en el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, no según la votación que obtengan. Y en México, ya se sabe, la credencial del INE es el documento válido para realizar cualquier trámite.

En otras palabras: cada mexicano, por el sólo hecho de serlo, aporta dinero a los partidos políticos.

México es también uno de los 12 países de América Latina que aporta a los partidos de manera permanente y no solo durante los tiempos electorales. Los recursos sirven para gastos de campaña, pero también para actividades cotidianas, educación cívica e investigación. En otras palabras: a pesar de los filtros del INE, en la práctica un partido puede tener ejércitos de afiliados, militantes o funcionarios trabajando en lo que les convenga. Para eso pagan los mexicanos.

Hay ejemplos. En Coahuila, uno de los estados con las leyes menos restrictivas al respecto, la creación de nuevos partidos políticos tiene una lógica, asegura el catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la UAdeC de Torreón, maestro Lerins Varela Castro: es igual o menos complicado –o sencillo, según se vea el asunto– crear un partido político que promover una iniciativa o cualquier otra forma de participación ciudadana. Con la diferencia de que un partido político, además, obtiene financiamiento. “Lo que se ha dado en Coahuila es la oportunidad de decir: ‘si me piden los mismos requisitos para participar en una iniciativa popular o promover una iniciativa popular, pues mejor creo mi propio partido’. Te piden los mismos datos, la misma cantidad de firmas, pero aparte te dan dinero”.

A nivel nacional el esquema es similar: en distintos periodos los expertos han identificado como empresas familiares las franquicias Morena, propiedad de Andrés Manuel López Obrador; el PT en manos de Alberto Anaya; el PVEM propiedad de Jorge González Torres y Jorge Emilio González Martínez, padre e hijo, y Panal  en su momento propiedad de Elba Esther Gordillo.

Pero México ofrece también otras ventajas. El país es el único que otorga acceso gratuito a los medios de comunicación públicos y privados, exenciones tributarias, incentivos para la divulgación o distribución de publicaciones y uso gratuito de edificios públicos para actividades políticas. En América Latina todos los países ofrecen estas ventajas de una u otra forma; pero México es el único que las otorga todas.

La única facilidad que el sistema no otorga es el de transporte, lo que explica las filas de acarreados que son el cuadro tradicional en cualquier actividad política que se precie de tal.

Distinto es cuando se habla del financiamiento privado; entonces, México pasa a ser uno de los países con las leyes más restrictivas.

En México el total de donaciones anuales por parte de simpatizantes para un partido no debe exceder el 10% del monto total del último tope de gasto de campaña presidencia. Las aportaciones de dinero provenientes de personas físicas o morales facultadas tienen un límite anual equivalente al 0.5% del monto total del tope de gasto fijado para la campaña presidencial.

Todo este entramado que castiga al erario público genera costos millonarios. Un estudio de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales indica que México es el país latinoamericano donde el voto es más caro: hasta 17,24 dólares por votante, según el cálculo basado en la suma del total de recursos públicos destinados a todos los partidos políticos, dividido por el número de votantes. En contraste, en Guatemala, el voto cuesta casi un cuarto de dólar por habitante. Otros estudios basados en variables distintas confirman a México como el más caro del continente, al nivel de los países africanos con los peores indicadores del mundo en cualquier área como Lesotho y Liberia.

Un volador de luces

La necesidad de reformular el oneroso gasto que representan los partidos políticos en México parece concitar la aprobación de todos los sectores. Los especialistas coinciden en que el sistema de financiamiento no se adecúa a la realidad de hoy, y esgrimen que ningún sistema es perfecto ni dura mucho porque en cualquiera de los dos surgen grupos enquistados que se benefician. Las divergencias parten a la hora de acordar como resolver esos vicios.

Mientras tanto, y ajenos a la reflexión académica, los partidos abrieron su temporada de ofertones. Tras la moda de poner fin al financiamiento público cada quién intentó acomodar la filantropía a sus propias fichas; la presión ciudadana para renunciar a los recursos públicos se hizo insostenible y todos los institutos entendieron que ya no había marcha atrás y que había que ceder algo; entonces inicio la pelea por quién da más y por la autoría de la propuesta.

Morena fue el primero que dijo que aportaría un porcentaje del dinero que tenían destinado para las campañas de 2018, y constituyó un fideicomiso bancario para recibir aportaciones ciudadanas para los damnificados de Morelos, Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Puebla, Estado de México y Guerrero. El PRI presentó una propuesta para quitar el financiamiento público a los partidos en 2018, con lo cual habría más de 6 mil millones de pesos disponibles para atender la emergencia. De paso propuso eliminar los legisladores plurinominales federales y locales, con lo cual, sumado, alcanzaría hasta 20 mil millones de pesos de ahorro. Para no esperar, el tricolor anunció su renuncia a la totalidad del financiamiento para lo que queda de 2017, de 258 millones de pesos. Finalmente el PAN, en representación del Frente Ciudadano, indicó que junto al PRD y Movimiento Ciudadano presentaron la propuesta de eliminar el financiamiento público a partidos a partir de 2018.

Pero la respuesta cayó como un hielo en el afiebrado entusiasmo de los honorables: el Instituto Nacional Electoral pidió calma, aseguró que modificar las reglas no era cosa tan fácil e indicó que resultaría completamente riesgoso considerar que en 2018 no haya dinero público en las campañas, ya que éstas podría privatizarse o recibir dinero de procedencia ilícita. Los partidos respiraron.

A la luz de los datos, la idea de eliminar completamente el financiamiento público parece más surgida de la irracionalidad de los días post terremoto que de una reflexión seria. Los mismos especialistas opositores a la idea admiten que el gasto de la política en México es absurdo para las condiciones actuales del país, pero advierten que hay varias maneras de disminuirlo. Una disminución audaz de las facilidades con que cuentan los partidos podría generar un ahorro importante, sin que sea necesario arriesgarse a privatizar la política.

Y exhiben ejemplos.

En la actualidad, dicen, existen numerosas formas para evadir los controles legales: donación de bienes inmuebles, compra de tiempo por parte de un particular en la radio o la televisión, recursos privados aplicados a los gastos ordinarios de un partido, negocios legales en favor de tesoreros o administradores de los partidos… Y las soluciones están a la mano.

“Respecto del gasto en medios, hay países cuyo PIB no llega ni a la quinta parte del que tiene México y tienen avances importantes, como Costa Rica: ahí todas las empresas de radio, televisión, periódicos e imprentas deben inscribirse en el Tribunal Supremo de Elecciones e indicar horarios y tarifas de los servicios, que no pueden ser superiores al promedio de lo que se cobró en las mismas circunstancias en los 12 meses anteriores. A la hora de las campañas, los partidos y/o candidatos solo pueden contratar en los medios registrados por el tribunal”, expone Emilio Chuayfett.

Respecto del financiamiento directo, muchas voces proponen utilizar como criterio la votación válidamente emitida en lugar de considerar como base el padrón electoral, evitando así la falacia de la representatividad. El columnista Arístides Guerrero García va un paso más allá y propone una solución atrevida, pero posible:

“Sería interesante una propuesta en sentido contrario a #sinvotonohaydinero; es decir: entre más votos se obtengan, menos recursos se asignen a los partidos políticos. El incentivo es para la ciudadanía, diciéndoles: si sales a votar, menos recursos se asignarán a los partidos políticos…”

El columnista Juan Carlos espina también apunta directo al meollo del asunto:

“Primero seamos más exigentes en la justificación de gastos, fortaleciendo las sanciones, aplicándolas con rigor y eliminando esa impunidad que se da cuando el candidato o el partido violan la norma, en lugar de optar por la solución demagógica de eliminar los recursos públicos.

“No niego la posibilidad de que tengamos un nuevo sistema donde se privilegie el financiamiento privado, como en Estados Unidos y otras democracias —sinceramente no creo que sea el momento considerando la enorme presencia del crimen organizado—, pero primero armemos  un entramado legal que sea muy exigente con los partidos y con los candidatos y que cuando se pasen de la raya y violen la ley tengan una sanción…”

A pesar de esas propuestas y advertencias, los partidos siguen firmes: necesitamos el fin del financiamiento público.

La mayor parte de los expertos afirman que hoy el ahorro en el financiamiento a la actividad política en México tiene que ver más con la voluntad y la creatividad que con los ofertones preelectorales. A eso, dicen, se debieran avocar los partidos en México. Sería una muestra de sensatez política y de que se están abordando los problemas desde el fondo y no sólo para la foto. Seria, también, una muestra de que por una vez los partidos políticos en México y sus representantes son capaces de hacer las cosas bien. Y eso ya sería una gran ventaja en el contexto actual.

Habrá que ver ahora cuánto dinero cuesta que los políticos encuentren la sensatez.

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