Fotos: ACG
Morelia, Michoacán.- Los dirigentes partidistas informan mal en torno a las presuntas donaciones de recursos públicos. Eso es imposible por cuestiones constitucionales mientras no haya reforma al respecto, y quien lo haga incurrirá en un delito constitucional.
“El precio de la violación a la Carta Magna es más alto que cualquier situación, así sea apoyar a damnificados”, explicó Diego Valadés Ríos, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y recipiendario del doctorado Honoris Causa de la UMSNH.
En entrevista, el especialista en constitucionalismo señaló que para que los partidos dejen de usar fondos caudalosos de recursos públicos para sus campañas proselitistas primero se requiere erradicar de la Carta Magna esas disposiciones y normarlas a través de leyes electorales.
“Los recursos de los partidos sí son excesivos, pero ellos no pueden disponer a arbitrio de ellos. No son dueños de ese dinero, el cual está destinado para actividades partidistas, si lo usan para otra cosa, es violentar la ley y la Constitución”, explicó.
Es más alto el costo de violar la Constitución que apoyar a damnificados
Aunado a lo anterior, el académico y político mexicano opinó que no debe no haber excusa, ni pretexto, ni motivo para que nadie personal o institucionalmente violente lo que la constitución establece y en dicho documento, se determina monto y destino de los recursos públicos partidistas.
La solución a bajarle a los caudales millonarios que se entregan a los partidos políticos sería la reforma constitucional, “se debe reformar en esa materia, pero mientras esté ahí, se debe cumplir; mejor poner las disposiciones reglamentarias en las leyes y no en la Constitución que debe tener enunciados de carácter general y las leyes adecuar función de instituciones”, complementó.
Finalmente, dijo que los partidos políticos no pueden dirigir dinero a la causa de reconstrucción de casas tras los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados, y en caso de hacerlo “sería más alto el costo de permitir que violen constitución así sea por buena causa, porque van a establecer otras cusas para violarla, por otras causas más superfluas”.
Desgraciadamente, después de septiembre de 2017, no se pueden hacer reformas constitucionales, por lo que una propuesta como la que hace el académico, se podría efectuar hasta después de la conclusión del periodo electoral en el que ya está inmerso el país.
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