Morelia, Michoacán.- La Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) atiende una denuncia contra el Ayuntamiento de Pátzcuaro por posible uso ilícito y electoral de fondos, bienes y servicios en torno a la recolección de víveres para apoyo de los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre, informó su titular Santiago Nieto Castillo.

En entrevista, el funcionario federal expuso que aquellos servidores públicos o militantes de partidos que lucren con la desgracia nacional serán indagados por la Fepade, que hasta el momento ha recibido seis denuncias por presunto uso electoral de víveres recolectados en los centros de acopio que brindarían ayuda a los afectados de los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre.

Informó que entre la sexteta de denuncias se tiene una registrada contra el Ayuntamiento de Pátzcuaro, comandada por Víctor Báez Ceja.

“Con esto se hace un llamado a toda la ciudadanía para que denuncien cualquier acto de esta índole, en virtud de que el uso de fondos, bienes y servicios de apoyo ciudadano para atención a damnificados que tengan contacto con partidos o servidores y se usen con finalidad electorales representa una conducta delictiva”, explicó.

En días pasados, en las redes sociales se denunció la presunta adjudicación por parte de Víctor Báez de bienes que se recolectaron en la Plaza Vasco de Quiroga de Pátzcuaro para ayudar a los damnificados de los sismos pasados.

Entre las denuncias públicas efectuadas en Facebook se argumenta que Víctor Báez y su esposa, presidenta honoraria del DIF en Pátzcuaro, llegaron sin ser invitados a un evento organizado por músicos patzcuarenses que tenía por finalidad recolectar bienes para enviárselos a los damnificados.

Ahí se detalla que de forma prepotente el funcionario municipal intimidó a los músicos, señalándoles que tomaría los vivieres y los maquilaría con la leyenda “DIF Pátzcuaro”. Este hecho ya está en investigación por parte de la Fepade.

La Ley General en Materia de Delitos Electorales establece sanciones que van desde los 50 y hasta los 5 mil días de multa y desde los seis meses hasta los quince años de prisión a quien las cometa, así como la suspensión de sus derechos políticos hasta por seis años.

Las otras cinco denuncias que atiende la Fepade por presuntos delitos electorales con el mismo tinte se han registrado en Morelos, Puebla, Estado de México, Guanajuato y la delegación Coyoacán de la Ciudad de México, donde funcionarios podrían haber hecho uso indebido de bienes recolectados, con fines electorales.


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