Quienes se dan golpes de pecho y rezan un Ave María -con todo y el estribillo “sin pecado concebida”- por lo “expuesto” que quedarían los partidos políticos si se les quitara o redujera al mínimo el financiamiento público, argumentan desde una falsa inocencia e hipócrita presentación de los hechos.
Los más deleznables resultan los cuadros partidistas y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), que instalados en el confort del cargo público han sido incapaces de transparentar y fiscalizar lo que es y ha sido una realidad durante años y que ahora ven como el “gran peligro” para la democracia: la participación de la iniciativa privada en el financiamiento de los partidos y sus campañas.
No señoras y señores: peligro para la democracia son los abusos, la poca transparencia, el gasto excesivo en campañas y las mentiras, corruptelas y complicidades de nuestras “burocracias doradas” -incluyendo las electorales- que no hacen bien su trabajo, cobran dinerales y se han ganado a pulso el descrédito, la desconfianza y la repulsa ciudadana.
¿Desde cuándo les preocupa que los partidos estén sujetos al dinero privado? ¿De cuándo acá son tan meticulosos en materia de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas? ¿Acaso van a negar que por sus abusos e incapacidades, precisamente, los gastos partidistas se han vuelto un barril sin fondo tanto para el financiamiento público como para el privado?
Mienten, porque desde hace muchos años es cada vez mayor y notoria la participación de la iniciativa privada en las campañas electorales; mienten, porque los partidos no han tenido llenadera y cada año se autorizan más y más recursos públicos; engañan, porque incluso se agandallaron los espacios y tiempos del Estado para sus spots en televisión y no sólo no ahorraron, sino que pidieron más dinero para las campañas recientes de 2015, 2016, 2017 y la próxima de 2018.
Basta ya de mentiras, falsa inocencia e hipócrita relataría de los hechos. Lo que la discusión que ya inició debe provocar es la construcción de instituciones electorales sólidas, confiables y con capacidad de regular y fiscalizar el financiamiento a los partidos.
La eventual desaparición del financiamiento público a los partidos políticos debe ir acompañada por un sistema nacional anticorrupción robusto, independiente de los intereses de los poderes y con mayoría ciudadana, a fin de evitar que los abusos y la corrupción siga enseñoreándose en cada proceso electoral local o federal.
En conclusión: el problema no es el origen del financiamiento, si es público o privado; el problema es el abuso, la corrupción, los vacíos de autoridad en muchas regiones del país, la complicidad y la impunidad.
¿Por qué no debatimos a partir de los verdaderos problemas que tenemos enfrente? ¿Por qué no buscamos soluciones de fondo?
Autorizar más y más dinero público a los partidos, hasta ahora no ha sido una solución.
Ni aunque se den golpes de pecho y recen tres veces el ave Maria: si hay pecado hay pecadores.
Aquí se queda… ¡aquí entre nos!
