Morelia, Michoacán.- Aumentar el número de delitos que se castigan con prisión preventiva oficiosa, como es la exigencia de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago), no resolverá el alza en los índices delictivos, advirtió el doctor Erik Rauda, especialista en derecho penal, quien impartió una conferencia este jueves sobre los desafíos del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).
Y es que ha sido constante el reclamo del presidente de la Conago, Miguel Ángel Mancera Espinoza, sobre la necesidad de elevar el número de delitos a los que se da prisión preventiva oficiosa, lo que iría contra el principio garantista del nuevo modelo de justicia. El también jefe de gobierno de la Ciudad de México incluso ha señalado al NSJP como el responsable del alza en las tasas de delincuencia.
“El tema de moda en relación a la reforma de es el tema de la prisión preventiva: cuándo la persona va a estar en la cárcel mientras dura su procedimiento o cuándo va estar libre mientras dura su procedimiento, ese es el tema más polémico. Y es que tenemos un choque entre la delincuencia organizada, que comete delitos de alto impacto, y los ciudadanos comunes que cometen delitos de un impacto medio o menor.
“Entonces, digamos que hay una tendencia de ser muy duros con la delincuencia organizada y ser hipergarantistas con los ciudadanos que cometen delitos comunes, y esa es la división inicial que se hizo en la modificación”, explicó.
Ejecutivos suponen que prisión preventiva les beneficia
Indicó el especialista que lo que busca la Conago es jalar a los ciudadanos que cometen delitos comunes a las reglas de la delincuencia organizada o la delincuencia de alto impacto, como ocurría con el sistema de justicia anterior, donde uno era culpable hasta que se demostraba lo contrario. Llamó a poner atención en la verdadera razón por la que los ejecutivos estatales centran su atención en la prisión preventiva.
Abundó en que la mezcla que se está haciendo entre delitos medianos y delitos de alto Impacto es lo que empieza generar un gran ruido a nivel nacional, preguntándose si es dable o no es dable la prisión preventiva. El tema principal, dijo, es por qué la iniciativa de la Conago es específicamente en relación a restringir la prisión preventiva.
“Como que la Comisión Nacional de Gobernadores quiere tener a más personas procesadas en prisión porque ellos sienten que es una política criminal que les beneficia, que les alivia un poquito todos estos impactos que está teniendo la delincuencia. Lo que yo creo es que la prisión preventiva no puede ser una regla o un instrumento de política criminal funcional; no funciona como un instrumento para detener la delincuencia.
“La delincuencia no se frena sabiendo que la prisión preventiva existe o no existe; el delincuente no amanece pensando si va a ir a la cárcel o no va a ir a la cárcel por lo que está haciendo, sino que parte de un supuesto: ‘No me van a detener, y si me detienen hay corrupción’. Hay muchas cosas antes de pisar la prisión”, enfatizó el doctor en derecho penal.
Ministerios públicos no saben justificar peticiones de prisión preventiva oficiosa
Contrario a lo que sostiene el titular de la Conago, quien también es aspirante a una candidatura presidencial, Erik Rauda afirma que el problema del nuevo sistema garantista no es la prisión preventiva, sino que los Ministerios Públicos no son capaces de dar herramientas a los jueces para que personas acusadas de delitos de mediana gravedad puedan tener prisión preventiva oficiosa; es por ello que es alto el número de delitos en los que los presuntos responsables siguen su proceso en libertad, opinó.
Para ver el otro lado de la moneda, ejemplificó el caso de una persona que es detenida por acompañar a un amigo en un vehículo que resulta ser robado. Explicó que en el viejo sistema era prácticamente un hecho que únicamente por trasladarse y acompañar al responsable del vehículo, el copiloto acabara llevando un proceso judicial en la cárcel con consecuencias devastadoras para su familia y su patrimonio. Esa situación propiciaba actos de corrupción para que la persona inocente que acompañaba al responsable del vehículo pudiera obtener su libertad, abundó.
Es así que, desde la óptica del doctor Erik Rauda, no se debe aumentar la lista de delitos graves, como lo sugiere el jefe de Gobierno capitalino y la mayoría de los gobernadores, sino que más bien deben invertir en capacitación, pues la que se llevó a cabo en los ocho años que duró la implementación del NSJP parece no resultar efectiva, toda vez los ministerios públicos no son capaces de justificar las razones por las que piden prisión preventiva oficiosa, y es por ello que los jueces no pueden otorgarla.
