Morelia, Michoacán.- Un millón 12 mil pesos le costó al erario público la omisión o negligencia que cometió el jefe de Recursos Humanos de la pasada Legislatura, quien no le hizo llegar en tiempo oportuno al área Jurídica un documento de inhabilitación de Ivette Karina Campos Vargas que había emitió la Contraloría del Congreso desde la LXXII Legislatura.
Así lo declaró el contralor del Congreso del estado, Ignacio Alvarado Laris, quien explicó que la notificación habría hecho inviable que Campos Vargas ganara el laudo que el Congreso no ha podido pagar. Tampoco ha tenido éxito en la negociación de una cantidad menor pues la beneficiada por el laudo ha advertido que sólo aceptará lo que determinó el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
“En el tema de Karina Campos la Contraloría de la Legislatura anterior definió y determinó la inhabilitación por el procedimiento que se siguió. Ante la determinación de la inhabilitación ella no puso ningún recurso, mucho menos un amparo, esa resolución quedó firme. La resolución fue la inhabilitación de esta persona, por lo que no puede estar dentro del Congreso”.
Detalló que la inhabilitación era por tener doble puesto laboral de tiempo completo en la administración pública, pues mientras se desempeñaba como secretaria técnica en el Congreso también lo hacía como directora administrativa en el Centro Estatal de Atención Oncológica (CEAO).
“Nosotros ya le notificamos a la Secretaría de Finanzas el mismo documento que en la Legislatura anterior se le había notificado a la secretaría anterior, a Verónica. Ahorita el proceso ya está manos del abogado del Congreso y él sabrá qué hacer en quizá un momento procesal”.
“Ya no se puede amparar contra la resolución del Tribunal (de pagar el dinero) porque ya es una sentencia firme, pero en el caso de la inhabilitación, a Karina no puede volvérsele a contratar”.
A pregunta expresa de si hubo omisión o negligencia por parte del área jurídica, el contralor del Congreso responsabilizó al jefe de Recursos Humanos de la Legislatura anterior por no asentar en el expediente de Karina Campos esa inhabilitación, pues ahora ya hay una sentencia firme y se deberá pagar el laudo superior al millón de pesos.
“No es negligencia ni falta de conocimiento del área jurídica, Recursos Humanos no presentó la documentación adecuada en su momento habrá que preguntarle al jefe de recursos humanos de la legislatura pasada porque no dejo debidamente acertado en el expediente esta sentencia. No tenemos otro caso similar”.
La Secretaría de Contraloría mantiene abierto el procedimiento de responsabilidades DSPR-PAR 205-2014 contra Karina Campos por el presunto desvió de recursos cuando trabajaba en el CEAO. Karina Campos sigue acudiendo al Congreso a firmar y sostiene que su despido fue injustificado y se debe al embarazo que tuvo en el año 2013, por lo que la suma millonaria respondería los salarios caídos.
El Congreso del estado adeuda 30 millones de pesos por concepto de 80 demandas interpuestas por extrabajadores de confianza. En 2016 se pagaron 20 millones por este concepto.
