Morelia, Michoacán.- Ayer 27 de julio cerró el plazo para que los congresos locales armonizaran la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados con las legislaciones locales. Los diputados michoacanos no lo hicieron, de manera que los michoacanos quedan en desventaja con relación a los 24 estados que sí cumplieron con ese trámite legislativo.
Mientras tanto, los diputados locales ya están de vacaciones.
Y es que apenas este mes los legisladores locales metieron sus iniciativas al respecto. Carlos Quintana, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) lo hizo en los primeros días de julio y la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Adriana Hernández Íñiguez, hizo lo propio hace dos semanas, en la recta final del periodo legislativo.
Al cuestionarles sobre el motivo por el que no cumplieron con la armonización de una Ley que protegería con sanciones más severas la utilización de datos personales de la ciudadanía, los legisladores locales coincidieron en que la armonización del paquete de leyes del Sistema Anticorrupción absorbió gran parte de su trabajo legislativo.
No obstante, dicha armonización también tiene sus asegunes, como la mayoría de los diputados lo han reconocido, y será necesario hacer remiendos importantes.
Es el caso de la reforma al Artículo 95 de la Constitución del estado para dotar de atribuciones al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para conocer y sancionar asuntos de loa Auditoría Superior de Michoacán y así pueda participar del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Entrevistada días antes de que venciera el plazo, la también coordinadora priista, Adriana Hernández, reconoció que no habría sesión extraordinaria para sacar esa armonización. Así, los michoacanos debemos esperar a que los diputados vuelvan de sus vacaciones, en septiembre, para tener la armonización de la ley federal con la local.
“Sí quedará en desigualdad Michoacán con los que ya sacaron la armonización, pero vale la pena que se analicen bien todas las propuestas”, expresó la legisladora priista, quien recordó que además de su propuesta y la del coordinador panista hay una iniciativa ciudadana al respecto.
La iniciativa de Hernández Íñiguez incluye sanciones que van desde una amonestación hasta mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización, y se especificará que ninguna sanción económica podrá ser cubierta con dinero público en el caso de las instituciones o dependencias que incurran en faltas.
Por su parte, Carlos Quintana detalló que su iniciativa tiene la finalidad de proteger la seguridad de los michoacanos y mejorar las prácticas de los entes gubernamentales y autónomos en el tratamiento y cuidado de los datos personales. Abundó en que su propuesta contempla sanciones a las vulneraciones de seguridad en los datos personales, a la pérdida o destrucción no autorizada, al robo, extravío o copia no autorizada, así como al uso, acceso o tratamiento no autorizado. También se sancionaría el daño, alteración o modificación no autorizada.
Aguascalientes, Estado de México, Durango, Quintana Roo, Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Yucatán, Guerrero, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Sinaloa, Campeche, Colima, Puebla, Baja California, Jalisco, Veracruz y Querétaro son los estados que sí cumplieron con la homologación de la ley.
La legislación que los diputados michoacanos dejaron pendiente permitirá el ejercicio del derecho a la protección de datos personales en posesión de autoridades, entidades, órganos y organismos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, pertenecientes al orden federal, estatal o municipal.
El objetivo último es establecer reglas mínimas y condiciones para la utilización de datos personales y el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), mediante procedimientos más sencillos.
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