Morelia, Michoacán.- A Michoacán le urge una reforma legislativa en materia de derechos indígenas; se necesita de un reglamento constitucional indígena para armonizar los marcos normativos federales de desarrollo y justicia agraria para pueblos originarios, consideró Mónica Ferreira García, asesora agraria y abogada en materia indígena y comunal.
En entrevista, la jurista michoacana dijo que los marcos normativos de justicia agraria en Michoacán están rezagados, por ende no hay órganos jurisdiccionales que brinden certeza ante los problemas comunales.
“En las comunidades indígenas no hay facultad de imperio. Una cosa es que se reconozcan los concejos de las comunidades y otra es que se tenga fuerza vinculante. Los concejos comunales se pronuncian, pero no le dan su lugar en cuanto a órgano justiciable”, explicó.
Asimismo, Ferreira García expuso que las figuras jurídicas de los concejos de las comunidades indígenas no tienen la jurisdicción suficiente para actuar como autoridades.
“Se quedan como meros observadores ante un problema; ellos son los que deben tener más peso, porque son los que conocen la comunidad”, opinó.
En ese sentido, la abogada manifestó que el Sistema Penal Acusatorio debería otorgar una armonización con los marcos y estatutos de cuidado de derechos humanos y observadores internacionales que dan su lugar a las comunidades indígenas.
Según el INEGI, en Michoacán hay 136 mil 608 personas de 5 años y más que hablan una lengua indígena, lo que representa menos del 3% de la población estatal. Un total de 117 mil 221 habla purépecha, 9 mil 170 hablan náhuatl, 5 mil 431 mazahua y mil 160 lenguas mixtecas.
