Alejandro Amado
Morelia, Michoacán.- Luego de casi seis horas concluyó la última etapa del juicio político en contra del expresidente municipal de Zitácuaro, Juan Carlos Campos Ponce. El exedil reconoció que incurrió en nepotismo, aunque sólo en el caso de José Luis Ramírez del Valle, hermano de su exesposa, situación que consideró menor.
Cabe recordar que fueron cinco personas con vínculos familiares las que, según el actual Ayuntamiento de Zitácuaro reconoce laboraron en la comuna de 2012 a 2015, esto mediante un documento fechado el 30 de enero de este año: José Luis Ramírez del Valle, Lizbeth Rosana Campos Bucio, Yunuén Martínez Sandoval Adriana Arturo Ramírez Ibarra y Jesica Ramírez Hernández. El daño patrimonial al municipio sólo por los salarios de estos parientes del expresidente ascendería al millón 49 mil 812 pesos.
Sin embargo para el también exdiputado local priista el nepotismo es cosa menor, pues en entrevista al sal.ir del Pleno donde tuvo lugar a puerta cerrada la audiencia, afirmó que cuando él cometió esas irregularidades la ley sólo contemplaba una falta administrativa y lo quieren juzgar de acuerdo a la nueva ley, lo que calificó como un exceso.
“Cuando José Luis Ramírez del Valle trabajaba en el Ayuntamiento existía otra Ley de Responsabilidades, a mí me quieren aplicar la actual lo cual es indebido. Ninguna ley es retroactiva en perjuicio de nadie.
“Tú pudieras contratar un pariente cercano y se trataba de una falta administrativa y pagas una multa, me parece un exceso lo que quieren hacer (inhabilitarlo). Además la legisladora Mary Carmen Bernal tendría que haberse excusado, no tuvo que haber sido parte de esta Comisión.
“No sé si haya sido una mala decisión aceptar a una persona que pertenecía a mi familia, a la familia de mi esposa en este momento, ahora soy divorciado, pero el Congreso sabrá en su momento qué decisión tomar”, declaró el exedil.
Aunque se habló de desvío de recursos y de observaciones ante la Auditoría Superior de Michoacán, el proceso fue por nepotismo y por la omisión en pagos al ISSSTE en detrimento de los derechos de los trabajadores del Ayuntamiento de aquel municipio del oriente michoacano, situación por la que los legisladores pidieron dos años de inhabilitación que aún deben ser ratificados por tribunales federales.
Responsabilizó a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) del retraso en los pagos de cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado (ISSSTE), pues aseguró que le retenían mensualmente ese recurso como parte de un convenio que se viene ratificando anualmente desde 1992.
Finalmente el exedil de Zitácuaro aseguró que el dictamen estaba mal armado y que se falseó información por parte del Ayuntamiento actual y de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM). Negó que haya colores partidistas detrás del juicio político pero despotricó contra su correligionario, Mario Armando Mendoza, a quien acusó de corrupto por cobrar dos plazas en el Gobierno Federal.
También se lanzó contra el actual Ayuntamiento de Zitácuaro, al que recordó que tiene obras inconclusas que ya fueron exhibidas en medios nacionales y subrayó que “ahí nadie dice nada”.
“Si en su momento (los diputados) creen que yo soy culpable no tengo ningún problema. Si por haber contratado a José Luis Ramírez es necesario que me inhabiliten y al que desvía dinero, deja obras inconclusas, tiene cheque sin justificar y grandes problemas no le hace nada, pues bueno es parte”, dijo en clara alusión al actual presidente municipal, Carlos Herrera.
Pero fue más allá el expresidente al deslizar, sin dar nombres, que servidores públicos recibieron empresas como prebendas en tiempos del comisionado Alfredo Castillo, esto sin presentar prueba alguna tampoco.
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