Rodrigo Sandoval
Morelia, Michoacán.- Silvia Estrada Esquivel, titular de la Secretaría de Contraloría de Michoacán (Secoem) señaló que la denuncia por malversación de recursos del estado que enfrenta Fidel Calderón Torreblanca es una auditoría que se “viene arrastrando” desde hace algunas administraciones y es responsabilidad de la Secretaría concluirla.
Dijo que los procedimientos que la Contraloría realiza en el marco de sus atribuciones y facultades en materia de fiscalización son los que dan origen a la denuncia en contra de Calderón Torreblanca. Añadió que la auditoría se generó desde 2012 y es un proceso que quedó pendiente cuando la administración de Silvano Aureoles Conejo recibió la entrega-recepción.
“Es una auditoría que solamente nosotros estamos concluyendo y es necesario que nosotros con mucha responsabilidad antes de emitir cualquier procedimiento tenemos que cerciorarnos de la veracidad de los mismos, de tal suerte que esta es una auditoría que tomamos desde que iniciamos este gobierno y nosotros únicamente la concluimos”, dijo Estrada Esquivel.
Explicó que en el periodo de 2011 hubo recursos que fueron ministrados a la Secretaría de Gobierno, donde Calderón Torreblanca ocupaba la titularidad, los cuales tuvieron su momento y tiempo para ser comprobados, mismos que después de la fiscalización resultó que no fueron comprobados, “no hay nada que esconder, no es encontrar el hilo negro, es parte de nuestro sistema de fiscalizacion que hacemos todos los días”, sentenció.
Dijo que el monto de recursos sin comprobación total durante 2011 es de 233 millones de pesos, de los cuales hay varios servidores públicos que tienen su periodo de responsabilidad con este recurso, de los cuales “casi 70 millones” se le señalan a Fidel por no haber sido comprobados.
“Este es un procedimiento natural de la contraloría, (Fidel Calderón) tiene su derecho de defenderse, que aporte las pruebas que le corresponden para poder desvirtuar estas observaciones en el marco de una revisión natural que hace la Secretaría de Contraloría”, agregó Estrada Esquivel.
La titular de SECOEM explicó que la denuncia penal es derivado de que se trata de recursos que fueron destinados para un fin de política pública y que no fueron comprobados, “desgraciadamente tenemos que dar parte a la Procuraduría para que ellos sigan la investigación pertinente”.
Asimismo informó que existen al rededor de 50 auditorías pendientes que de manera coordinada con el Gobierno Federal se están concluyendo y en breve se tendrán información.
“Estamos hablando de recursos desde el 2009 hasta la fecha; 2015, 2016 y 2017 es responsabilidad de la actual administración” y agregó que se están concluyendo para darle parte, en caso de que así corresponda, a las autoridades competentes.
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