Alejandro Amado
Morelia, Michoacán.- Con la presentación de solicitudes de recursos para apoyos sociales y recibos con el monto de las entregas, el diputado federal por la vía plurinominal, Fidel Calderón Torreblanca, intentó justificar poco más de 600 mil de los 34 millones 675 mil pesos en los que la Secretaría de Contraloría de Michoacán resolvió el 17 de mayo pasado que existen elementos para presumir un daño al erario que tendría que ser subsanado.
El aún perredista, aunque en la rueda de prensa que ofreció dijo que ya está fuera del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó ante medios de comunicación las solicitudes y los recibos por montos que oscilan entre los 17 mil y los 31 mil pesos, que en conjunto suman poco más de 600 mil pesos.
Sin embargo, no adjuntó documentación alguna que demostrara que los recursos fueron utilizados para los fines que señalan las peticiones, y el monto que intentó justificar representa únicamente el 1.7 por ciento del monto en el que la Contraloría le atribuye responsabilidades.
Además de politizar su presunta responsabilidad en desvíos de recursos estatales apuntando los reflectores hacia otro lado, Calderón Torreblanca comparó las denuncias en su contra con el desafuero que previo a la elección presidencial del 2006 se intentó concretar contra el ahora dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
“Soy víctima de una persecución política”.
“Este asunto es una ilegal persecución política, como el desafuero del que fue víctima el principal líder del PRD en el 2015. Se trata de una acción malvada y vil”, vociferó.
El próximo 12 de julio el legislador fue solicitado a comparecer, según un trabajo periodístico de El Universal, sin embargo el próximo experredista manifestó que no ha sido notificado al respecto.
Las observaciones de la Contraloría son por un monto de 211 millones 587 mil pesos durante el periodo de Calderón Torreblanca en la Secretaría de Gobierno, de los cuales se le responsabiliza por una cifra de 69 millones al exfuncionario estatal y un total de 97 millones 737 mil pesos en conjunto con su entonces personal, dinero que se entregó en 254 pagos de lo cual no hay comprobación. Según la Contraloría, de confirmarse la responsabilidad, se tendrían que subsanar 34 millones 675 mil pesos al erario del estado.
