Alejandro Amado
Morelia, Michoacán.- Pese que gestionar y canalizar ayudas sociales no es una de las funciones a las que la ley obligue a un diputado, en promedio el 15.9 por ciento del gasto legislativo en congresos locales en 2016 se destinó a este apartado, según el Informe Legislativo 2017 del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco).
Michoacán ha sido opaco en transparentar esta información, pues no proporcionó datos al respecto, junto con otros cinco estados: Baja California Sur, Chiapas, Estado de México, Oaxaca y Sonora. Al 10 de junio, el Congreso michoacano no había publicado la Cuenta Pública Armonizada del ejercicio fiscal 2016, por lo que no se incluyó en el Informe.
Las ayudas sociales, también conocidas como “moches legislativos”, son recursos cuyo manejo significa un factor de riesgo en razón de que pueden ser utilizados por los representantes legislativos para funciones ajenas al desarrollo social, generalmente asociadas con ganar votos.
La llamada “gestión legislativa” es defendida por los diputados, pese a que ningún legislador está obligado a hacer más allá de lo que la ley indica y resulta cuestionable que ocupen parte de su tiempo en funciones ajenas a legislar, que es para lo que se les paga una dieta.
Otorgar ayudas sociales es una función no obligada a los legisladores, sin embargo 17 congresos gastaron el año pasado en total mil 355.6 millones de pesos por este concepto.
La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y los congresos de Guerrero y Veracruz ejercieron en ayudas sociales un total de 878 millones de pesos, cifra mayor a lo que se destinó a sus entes de fiscalización, 865 millones.
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