Los grupos delincuenciales que operan en la mayor parte del territorio nacional se convirtieron, desde hace tiempo, en una seria amenaza para todas las actividades y sectores sociales en el país. Extorsiones, amenazas, secuestros, asesinatos tienen en vilo a los ciudadanos y a los autoridades. El gremio periodístico, evidentemente, no ha estado a salvo de la crisis de inseguridad, registrada como la mayor preocupación de la mayoría de los mexicanos.
Es este el contexto general del que debemos partir cuando, en el caso concreto de los riesgos que corren los trabajadores de los medios de comunicación, se suman esfuerzos para definir y establecer marcos legales y protocolos de seguridad que nos brinden, a quienes ejercemos el oficio de informar, mejores condiciones para el desarrollo de nuestra labor, así como garantías de que la actividad periodística -indispensable en cualquier democracia- dispone de los mecanismos legales para la salvaguarda de la integridad de todos en el gremio.
De especial importancia debe ser, en tal sentido, la organización y participación de reporteros, columnistas, directivos, concesionarios y dueños de empresas de comunicación, así como de organismos de derechos humanos y activistas en la elaboración de la iniciativa de Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos que ojalá esté lista para su presentación y aprobación en el Congreso local para el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en septiembre.
Habrá tiempo suficiente, pues, para el encuentro, el diálogo y mesas de trabajo, desde donde lo deseable es que surja el marco legal que responde a las preocupaciones del gremio y a un entorno nacional complicado para los periodistas.
Tanto el gobernador como los diputados del Congreso estatal han expresado su disposición a escuchar y darle prioridad a las propuestas que se presenten desde el gremio y las organizaciones de derechos humanos para la elaboración de la iniciativa.
Paralelamente se pueden realizar los trabajos para la elaboración de los protocolos de seguridad, protección y garantías, con especial atención a los reporteros de la ‘fuente’ policiaca y a quienes se dedican al periodismo de investigación, sobre todo en temas de seguridad nacional y delincuencia organizada.
Esos protocolos, por supuesto, deberían considerar comisiones o grupos de periodistas y defensores de derechos humanos, para la coadyuvancia y seguimiento de denuncias e investigaciones de casos de amenazas, intimidación, coacción y atentados en contra de reporteros y activistas.
Hay tiempo, incluso, para que casos como el del asesinato de Salvador Adame Pardo puedan revisarse y los resultados de las investigaciones, una vez que sean concluyentes, generen certeza.
Todo bajo la premisa de que lo importante es que no haya impunidad, sea cual sea el móvil del crimen.
Que de eso se trata, ¿o no?
Aquí se queda… ¡aquí entre nos!
