Alejandro Amado
Morelia, Michoacán.- Hace unos minutos fue aprobado, con algunas modificaciones, el dictamen de reingeniería de la administración pública estatal que giró el gobernador del estado al Poder Legislativo pero que también incluyó las propuestas de legisladores al respecto.
De acuerdo al dictamen, desaparecerían las Secretarías del Migrante, de Innovación, Ciencia y Tecnología, de Pueblos Indígenas y la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático conservaría su nomenclatura, en tanto que 12 organismos descentralizados desaparecerían, detalló Mario Armando Mendoza, quien presidió los trabajos de las comisiones.
El documento, que llegará este miércoles al Pleno del Congreso, fue aprobado por las comisiones unidas de Gobernación y Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, en cuya reunión los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) fueron enfáticos en que se explique cuál sería la cantidad que se ahorraría con las modificaciones y a qué se destinaría.
“En el marco jurídico no hay mayor problema, pero nos topamos con pared en las cuestiones financieras, cuánto se va a ahorrar, cuánto se va a contener, a dónde se va a ir, cuáles son los ahorros de manera clara.
“Hasta la fecha no tenemos preciso el ahorro, recibimos tres informaciones: primero nos hablaban de un ahorro de 17 millones, en otra de 33 millones y en la última son más de 300 millones, pero contempla el programa de ahorro que impulsó el Gobierno del estado. Conjuntadas ambas cifras serían como 370 millones, lo que queremos saber es a dónde se va a ir ese dinero”, explicó Mario Armando Mendoza.
Subrayó que en la última información que recibieron por parte del Gobierno del estado les aclararon que no era ahorro sino contención del gasto, sin embargo en el documento que le envió al Legislativo sí lo estipula como ahorro.
“Lo máximo en ahorros por las áreas y organismos que desaparecen, de acuerdo a información que nos envió la Secretaría de Finanzas, serían 37 millones. El resto, los casi 300 millones, corresponden al programa de austeridad del Gobierno estatal.
Tampoco queda claro en el decreto cuál sería el personal que quedaría trabajando tras la reforma, por ello el Legislativo le da 60 días al Ejecutivo para transparentar esa información. “Apostamos por la reingeniería, pero que sea clara”, concluyó el diputado.
